Roberto Pereira: “Cada tanto, los congresistas presentan proyectos que limitan la libertad de expresión”
El abogado penalista señala que, si en caso el proyecto aprobado en la Comisión de Justicia se convirtiera en ley, afectaría lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues este organismo rechaza que se use el derecho penal para sancionar hechos relacionados a la libertad de expresión.
Una nueva arremetida contra la libertad de expresión ha empezado a tomar forma en el Congreso, concretamente por el proyecto aprobado en la Comisión de Justicia que propone incrementar las penas en los delitos de difamación y calumnia. El abogado especializado en libertad de expresión Roberto Pereira responde al respecto.
—Se ha aprobado un proyecto en la Comisión de Justicia del Congreso que eleva las penas en delitos de difamación y calumnia. ¿Le parece que es una medida apropiada?
—No. El proyecto sobre difamación y calumnia no responde a criterios técnicos. Incorpora la posibilidad de reclamar una reparación civil cuando se cometan estos delitos, cosa que ya está establecida en el ordenamiento peruano desde hace tiempo. Además, incorpora como objeto de afectación la privacidad, cuando ya existe un tipo penal especial. Son redundancias que solo van a generar confusión y van a empobrecer la calidad regulatoria.
—¿Cuál es la segunda razón?
—Es un proyecto peligroso porque incrementa las penas. En una versión original, la pena de difamación a través de los medios de comunicación era de hasta de cinco años, lo cual genera un riesgo de cárcel efectiva. Luego, en el texto sustitutorio, se bajó a no más de cuatro años, pero siempre es algo preocupante porque, sobre todo el delito de difamación, se encuentra en permanente tensión con la libertad de expresión. Incrementar penas sin justificación objetiva o razonable lo único que va a generar es una amenaza a la libertad de expresión para dar un mensaje de autocensura y crear miedo en el ejercicio de las libertades informativas con relación a funcionarios y políticos.
—¿Cuál es la tendencia en otros países sobre estos temas?
—En el hemisferio americano, la de retirar el derecho penal en la intervención en este tipo de casos. Es decir, reaccionar a través de reparaciones civiles…
—Sin la amenaza de cárcel.
—Así es. La tendencia es, o a quitar la pena privativa de libertad o a despenalizar este tipo de conductas precisamente porque hay una permanente tensión con la libertad de información. Este tipo de delitos se usa para reprimir o intentar reprimir el ejercicio de la libertad de información de medios y periodistas. Tienen muy poca aplicación, una muy marginal, en el ámbito de los privados.
—Se aplican en el ámbito de quienes ocupan puestos públicos.
—Exactamente, ese es su campo de aplicación.
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—Ahora, no deja de ser cierto que quienes con razón se sientan difamados tienen derecho a ser resarcidos.
—Sin duda. Pero, como decía, ya existe una legislación. Y la discusión es si el ámbito penal debe intervenir o no, si está justificado o no. No olvidemos que ha habido excesos, tanto de los denunciantes como de los poderes judiciales que permiten que estos casos avancen y haya condenas. Acá hemos tenido el caso de un periodista condenado en primera instancia por un libro. Y a otros también. A veces hay que transitar por varias instancias del sistema judicial para revertir estas decisiones y eso ya tiene un efecto de autocensura importante. Por eso, la tendencia es hacia la despenalización, tratarlo en el ámbito meramente civil o, como en Europa, mediante multas cuando se considera que haya habido un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión. En el 2019 la Corte Interamericana, en el caso Álvarez contra Venezuela, ha dicho que criminalizar los discursos que recaen sobre funcionarios es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, ha dicho que es desproporcionado usar el derecho penal para sancionar excesos en materia de libertad de expresión. Es decir, este proyecto va a contracorriente…
—De la jurisprudencia internacional.
—Exactamente.
—¿Le ve posibilidades al proyecto de ser aprobado?
—Siempre hay un riesgo. En el Congreso hemos visto que han aprobado normas increíbles. Apelo a que las críticas y advertencias frente a la falta de necesidad de esta norma haga reflexionar a los congresistas. Porque esto es cíclico en el Perú. Cada tanto, los congresistas presentan proyectos que limitan la libertad de expresión. Ahora mismo hay uno corriendo que condiciona el ejercicio de la labor periodística en medios formales a estar colegiado…
—Lo cual es absurdo.
—Y eso también es una limitación severa.
—¿Cómo ve la relación entre el poder político y el periodismo?
—Creo que estamos en un momento muy complicado porque la labor de la prensa ya forma parte de la polarización extrema que se vive en el país. Los reportes de la Asociación Nacional de Periodistas, o de IPYS, dan cuenta de que si bien las agresiones contra periodistas fueron iniciadas desde manifestantes que apoyaban al gobierno de Castillo, ahora vienen desde las fuerzas de seguridad. Y derechas e izquierdas emprenden contra la prensa, le atribuyen una serie de hechos y, entonces, despliegan una conducta manifiestamente hostil porque consideran que no se informa de acuerdo a sus preferencias. Eso es un ambiente muy nocivo, muy tóxico.
—Hay sectores movilizados ultra que atacan permanente a los periodistas. Por ejemplo, La Resistencia opera desde hace años y nadie los detiene. ¿Tiene alguna posible explicación?
—Es una selectividad de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público muy preocupante. Manifestaciones que no han sido violentas han sido reprimidas, se ha detenido a personas que luego fueron liberadas sin cargos. Y el mismo tiempo vemos a este grupo (La Resistencia) que no es esporádico…
—Tienen un comportamiento rutinario.
—Así es, son organizados. Tienen un patrón de comportamiento que en muchos casos desborda, desde mi punto de vista, el ejercicio válido del derecho de manifestación y de libertad de expresión porque lo que hacen es invadir esferas de privacidad no solo contra quienes protestan sino de sus vecinos. Se instalan con auto parlantes, alteran la paz pública y han llegado a reacciones verbales y físicas. No son protestas espontáneas. No, se anuncian por redes sociales, se difunden nombres y domicilios donde se van a reunir. La Policía ya debería tener un informe para ser elevado al Ministerio Público.
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—Debería. La pregunta es por qué no se actúa.
—Hay una selectividad sospechosa. Lo que se debe exigir es que el comportamiento que demuestra ese grupo sea investigado.
