Las elecciones generales que se espera adelantar, para cambiar de Gobierno y de Congreso, pueden realizarse entre enero y abril del 2024, según proyecciones en que se consideran plazos señalados por las entidades competentes, si el Parlamento acelera sus procedimientos y logra suficiente consenso, además de que haya prontitud en las tareas del sistema electoral.
La realización de estos comicios este año es muy poco probable, por los tiempos establecidos en el Legislativo y los que han considerado necesarios el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Sin embargo, el Parlamento puede acortar sus procesos y hacer cambios claves en la Constitución sobre elecciones, lo que establecería normas superiores a cualquier ley al respecto y que toda entidad tendría que obedecerlas.
Una renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en estos días, haría que se convoque a elecciones “de inmediato”, lo que nos llevaría a las urnas en noviembre de este año o, si hay especial celeridad, un mes antes. Sin embargo, mientras no se cambie la norma de nuestra carta magna que establece cambio de mandatos en 28 de julio, no podremos tener nuevo gobierno ni otro Congreso este 2023.
Si el adelanto electoral se logra con la aprobación solo del Congreso, en dos votaciones, como establece la Constitución, y procede con la mayor celeridad posible, sin llegar a adelantar su legislatura, los comicios generales serían entre el 16 de marzo y el 25 de abril del 2024.
Si este anticipo se consigue por aprobación del Parlamento en una votación y ratificación de la población en referéndum, con presteza en el Legislativo, JNE y ONPE, sería entre el 7 de enero y el 16 de febrero de 2024.
Todo depende de cuándo el Congreso tome sus decisiones, su velocidad y la de las entidades de nuestro sistema electoral.
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El JNE ha dicho que puede hacer un proceso electoral en 230 días, pero las normas establecen un plazo mayor: 270 días. Tendrían que modificarse reglas para reducir los tiempos.
Ahora, el primer escollo a superar es el pedido de reconsideración, presentado por el parlamentario Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, a la decisión del pleno del Congreso de que la Comisión de Constitución retome la propuesta de adelanto electoral. Este pedido bloquea todo avance para un anticipo de comicios.
Si el pleno rechaza la reconsideración, mantiene la decisión de que Constitución reactive el asunto y este grupo puede dar un nuevo dictamen para que el Congreso vuelva a decidir si quiere adelantar las elecciones o no.
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Si el pedido de Montoya es aprobado, se vuelve a votar la propuesta de que Constitución retome el anticipo electoral, que puede reiterarse o perderse.
Con la decisión de reemprender la propuesta de tener comicios anticipados, se reabre la posibilidad de cambiar de gobierno y del Congreso antes del 2026, aunque esto casi ya no puede darse este mismo año.
El presidente del Partido Morado, Luis Durán, contó que la mandataria Dina Boluarte le dijo que “ella no considera que su Gobierno es de transición” y que “va a continuar mientras el Congreso no decida el adelanto de elecciones”, tras reunirse con ella. El dirigente Elmer Arce mostraba un papel que decía:“Dina, renuncia ya”.
Además, Boluarte recibió a líderes de partidos Acción Popular, Fe en el Perú y Demócrata Verde.