Abraham F. Lowenthal es director fundador del Diálogo Interamericano, y en los últimos años ha estudiado la problemática de Venezuela. Vivió en Perú durante el gobierno militar y ha seguido de cerca lo que pasa en el país. En esta entrevista, comparte sus impresiones sobre su trabajo en Venezuela y la crisis que vivimos.
Acaba de presentar el informe “Venezuela en 2023 y más allá, trazando un nuevo rumbo”. ¿Cuáles son sus principales conclusiones?
Venezuela está en grandes dificultades institucionales, sociales, económicas, y no han mejorado en los últimos años. Es un Gobierno autoritario, represivo, con una economía bastante destruida. Durante los últimos años ha habido esfuerzos de distintos sectores de la oposición democrática al Gobierno de Nicolás Maduro, muchos apoyados por el sector internacional, especialmente del Gobierno norteamericano. El reconocimiento diplomático al llamado gobierno interino (de Juan Guaidó) tenía apoyo de 59 Gobiernos del mundo, incluido el peruano. Pero los esfuerzos del sector internacional no han tenido éxito porque la política central ha sido de máxima presión para forzar que el Gobierno se rinda. Es la misma política que Estados Unidos tomó contra Fidel Castro hace 60 años y que no ha desplazado al partido comunista de Cuba, que sigue en el Gobierno. Y en Venezuela tampoco ha tenido éxito.
¿Cuál es la vía, entonces?
Somos un grupo de 18 personas de distintas disciplinas que decidimos buscar un enfoque que podría ser aceptado por los distintos grupos, lo que no es fácil, porque en Venezuela hay mucha fragmentación incluso en el gobierno interino de Guaidó. Venezuela no pasó a lo que es en una noche, fue un proceso de 20 años. Es difícil creer que será prontamente cambiado a un Gobierno reformista democrático con respeto a los derechos humanos. Será un proceso largo. Es imprescindible entrar a un proceso de negociaciones reales, tratando de ver qué se puede hacer a través de acuerdos negociados, por ejemplo, en el tema de aspecto humanitario, como falta de alimentos y medicinas. Hasta ahora no ha habido cooperación entre el Gobierno de Venezuela y la oposición para resolver este tema, pero se ha llegado a un acuerdo general sobre cómo se puede enfrentar este problema, e incluso para que fondos venezolanos captados en Estados Unidos puedan ser usados a través de un mecanismo con participación de las Naciones Unidas, para que ese dinero sea usado en problemas humanitarios. Es un primer paso, pero es mucho más de lo que ha habido. Nuestra metodología es ver formas de ir buscando soluciones problema por problema, incluyendo la participación política plena y libre en elecciones con participación de observadores internacionales.
Con la diferencia que hay con el caso peruano, ¿la mediación de otro país, como hace Noruega con Venezuela, podría ayudar a encontrar una salida a nuestra crisis?
Viví en Lima de 1969 a 1972, y escribí libros y artículos sobre este pequeño período en la historia peruana del Gobierno de Velasco, pero he seguido desde lejos la situación de Perú durante estos años… Lo que pasa en Perú se ha desarrollado durante décadas. La debilidad de instituciones es profunda. Lo noté viviendo en Lima hace tantos años. Creo que la situación ha mejorado menos en la política. El hecho, por ejemplo, de que había 18 partidos en las elecciones, con esa cantidad con derecho a participar en una elección nacional, es inevitable que quien gane la elección no tenga suficiente poder para gobernar, sea su nombre Fujimori o quien sea. Hay demasiada fragmentación. El gran problema es que es un círculo vicioso, y lo que hemos visto en el período de Castillo es que este círculo vicioso es cada vez más rápido: entra una nueva fórmula y en dos semanas ya hay un proceso de destitución. Así será difícil resolver el problema.
¿Qué salida tenemos?
Estaba leyendo un ensayo de Luis Miguel Castilla en el que identifica problemas y habla de soluciones, pero a un nivel general. Él dice que es evidente que las brechas sociales resistentes son la base del descontento popular. Cambiar esta realidad demanda una acción urgente para cerrar las brechas en servicios esenciales. No hacerlo maximiza el apoyo a cambios violentos. Dice que tener un Estado más funcional que adopte las mejores políticas públicas que respondan más a las necesidades de los ciudadanos, garantizando que el derecho se respeta, haciendo posible la inversión privada, es la única garantía para la paz social. Suena bien, pero no hay ninguna indicación de cómo se puede cambiar esta realidad, porque el Congreso no ha apoyado a los presidentes en las últimas décadas. Solo un par de presidentes interinos que han entrado con la promesa de no plantear una reelección han podido hacer algunas cosas porque no eran amenaza para la ambición de otros de llegar al poder.
Y la llegada de Castillo lo hizo más difícil…
Un factor ha sido que el presidente elegido no tenía las dotes de un político con experiencia, no sabía cómo manejar este sistema. Esa es la explicación de corto plazo. En las últimas décadas ha habido condiciones para tener dos tendencias políticas partidarias: una de centro derecha con énfasis en el sector privado, de cómo funcionar con una economía capitalista con sentido social, y un partido de izquierda moderada que no es violenta, que trata de buscar el progreso social a través de reformas que pueden ganar algún apoyo del sector privado. Serían dos partidos como hay en muchos países europeos. La verdad es que los partidos de centro derecha ganaron un espacio político importante, aunque en la campaña no se identificaron como centro derecha; y en la izquierda no avanzaron tanto porque fue tan dañada por lo que hizo Sendero, aunque no tenía nada que ver.