Exigen renuncia de la procuradora general del Estado, María Caruajulca, tras denuncias en su contra
Ciudadano exige salida voluntaria de procuradora general del Estado. Caso contrario, pide al Consejo Directivo iniciar un proceso de remoción.
El ciudadano Dylan López Encarnación envió una misiva al Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), exigiendo la renuncia de la titular de dicha entidad, María Caruajulca. El requerimiento se basa en las denuncias periodísticas en su contra.
La solicitud ingresó esta mañana a mesa de partes de la Procuraduría y pedía la salida de la funcionaria ante el Consejo Directivo de la institución, integrado por el titular de Justicia, Félix Chero; el contralor General de la República, Nelson Shack; y a Neil Suller, jefe del Órgano de Control Institucional de la entidad gubernamental.
En el documento, López Encarnación solicita la renuncia de la procuradora en un plazo máximo de 48 horas y, de no ser ese el caso, pide al consejo directivo que se inicie el proceso de remoción de la funcionaria.
Asimismo, López solicita se instaure un Tribunal Disciplinario en la PGE en el que no intervengan ni Caruajulca Quispe ni sus funcionarios de confianza, a fin de evitar posibles conflictos de intereses.
El firmante informó también al Consejo Directivo que, de no iniciarse el proceso de remoción, denunciaría a Chero, Shack, y Suller, por los presuntos “delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.
Según el solicitante, los motivos del pedido de renuncia responden a la comisión de faltas graves en los acuerdos especificados ante el Decreto Legislativo DS1326 y el Decreto Supremo DS 018-2019-JUS. Esto luego de que la funcionaria sea denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción el último 1 de julio por un ciudadano anónimo debido a presuntos delitos de corrupción.
Denuncias contra María Caruajulca
En la denuncia periodística presentada por un medio de televisión, Caruajulca habría archivado una presunta investigación administrativa o disciplinaria en su contra tomando beneficio de su cargo como procuradora general del Estado, lo que estaría estipulado como un posible delito de corrupción de funcionarios.