Esta semana se discutió sobre la posibilidad de que el presidente Kuczynski “liberara” al ex presidente Fujimori. La discusión se dio en el contexto del debate de la creación de la “Autoridad para la reconstrucción con cambios”; inicia con una declaración a favor de la liberación de A. Fujimori de Carlos Bruce, a lo que se suma la presentación del proyecto de ley de Roberto Vieira, que permitiría un arresto domiciliario del ex presidente. Días antes Kuczynski había coincidido con Keiko Fujimori en la ceremonia de homenaje a los comandos Chavín de Huántar, ocasión en la que dijo que había que “voltear la página” y estar unidos como país. Siguieron otras declaraciones ambiguas de Kuczynski diciendo que se estaría “estudiando el caso” del ex presidente, a las que siguieron declaraciones de la segunda vicepresidenta, coincidiendo con la opinión de Bruce. Se habló entonces de la gestación de un gran acuerdo político, la liberación de A. Fujimori a cambio de apoyo legislativo. Sectores de izquierda antifujimoristas se escandalizaron; sectores conservadores se ilusionaron. Ambas reacciones revelaron una gran incomprensión de lo que estaba sucediendo. En realidad, esta historia es producto de iniciativas interesadas de personajes individuales, que se magnifican por declaraciones desafortunadas, que no hacen sino reflejar la precariedad del gobierno. Estamos ante una muestra más de mal manejo de situaciones, no ante un complejo ajedrez político. Días después el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Justicia tienen que aclarar que en realidad el tema no está en agenda. Y no puede estarlo, porque el gobierno no tiene nada que ganar con esa iniciativa. Para empezar, la encuesta de GfK de marzo muestra que solo un 26% estaría de acuerdo con la liberación de Fujimori, frente a un 33% que piensa que debe seguir en la cárcel. Un 37% piensa que podría cumplir su condena en su casa, porcentaje mucho menor que el 50% de hace cuatro años. La liberación de Fujimori no significaría ganarse a la opinión pública, y lo que es peor, despertaría el antifujimorismo y lo lanzaría contra el gobierno. Pero lo más importante es que hoy ni Alberto ni Keiko Fujimori desean la liberación del ex presidente. Alberto porque tiene la vana ilusión de conseguir la anulación de sus sentencias y ser declarado inocente; y lo último que quisiera Keiko como líder es que su padre melle su autoridad y su carácter de “gran timonel”. Más todavía en un contexto en el que su hermano Kenji ha encontrado, con una agenda “liberal”, evidenciar las inconsistencias y limitaciones del camino de endurecimiento y conservadurización que ha seguido desde la segunda vuelta. Tanto así es claro que los intereses de Keiko no son los de su padre que algunos consideran que la verdadera intención del gobierno al ventilar el tema de la liberación del reo es dividir e incomodar al fujimorismo. Hace un año, en el contexto electoral, mientras colegas como Nelson Manrique y otros sostenían que el objetivo central del fujimorismo era la liberación de Alberto Fujimori, y que Keiko no tenía una identidad distinguible de la de su padre, decía por el contrario que ella tenía un proyecto claramente diferenciado, convertir al fujimorismo en un partido democrático de centro derecha populista. Y que el proceso iba a resultar accidentado, “no solo por las resistencias que genera en la sociedad, acaso sobre todo por el acoso de sus propios socios, tanto antiguos como nuevos. En esos tiras y aflojas definirá su identidad y futuro político”. La evidencia posterior me hace seguir pensando lo mismo.
