Escasez de productos básicos, colas sin fin, protestas por el desabastecimiento en lugares como Caracas, Mérida, Choroní, Puerto La Cruz, Cumaná e infinidad de otras localidades. Saqueos, con al menos cinco muertos ya; uno de los últimos fallecidos tenía apenas 17 años. Este es el cuadro de lo que viene ocurriendo en estos días en Venezuela. Es en ese contexto que transcurre una agitada semana con Venezuela con cruces de convocatorias internacionales. Hace dos días fue la sesión extraordinaria en la OEA en la que Rodríguez Zapatero informó de sus gestiones a favor del diálogo en representación de UNASUR. Hoy debería reunirse en Washington, a su vez, el Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de Luis Almagro, su Secretario General, para discutir la posible utilización de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y de su artículo 20 sobre “alteración del orden constitucional”. En este cruce de convocatorias hay, como es evidente, ideas y propósitos diferentes que a la larga eventualmente podrían ser convergentes. En esencia, lo de UNASUR apuntando a un eventual diálogo sin parámetros normativos e institucionales claros y lo de la OEA, por su lado, con la posibilidad de aplicación de la CDI. El gobierno de Venezuela, que ha esgrimido la tesis de “país atacado” si se aplicase la CDI, prefiere situar al debate en el marco de lo que vienen haciendo los ex presidentes. De este proceso se pueden desprender, hasta el momento, al menos dos conclusiones preliminares. La primera es la inocultable visibilidad internacional de la crisis en Venezuela. En este cruce de convocatorias y de reuniones casi simultáneas, es ya un paso positivo que quede claro que lo que allí ocurre concierne a la región y al mundo y que nadie tiene que sentirse “atacado” por ello. Eso es positivo. Lo segundo es que están sobre el tapete dos opciones que –hasta el momento– se mueven en líneas paralelas: por fuera de la CDI (gestiones de Rodríguez Zapatero/UNASUR) o desde la OEA recurriendo a su artículo 20. Que los dos procesos sean convergentes o recíprocamente excluyentes es algo que se irá viendo en los próximos días o semanas. Lo que ocurra dependerá de los alineamientos de los países y de la mayor o menor claridad con la que se maneje la CDI. Por ahora prevalecen distorsiones sobre la CDI. La principal es que la aplicación del art. 20 supondría una “sanción” a Venezuela. Eso no es cierto. El propósito de esa disposición no es sancionar a un Estado o gobierno sino propender a la restauración y defensa colectiva de la democracia mediante “gestiones diplomáticas”, incluidos los “buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Algo muy parecido a la acción exitosa de la OEA en el Perú en el 2000 en ocasión del funcionamiento de la “mesa de diálogo” acordada por la Asamblea General de junio de ese año. Por otro lado, el régimen de Chávez se benefició de la aplicación del art. 20 en 2002 cuando el frustrado golpe de Estado para derrocarlo en abril de ese año. No era ni es, pues, la “mano del imperio”. Tal como están las cosas, la eventual utilización de la CDI ofrecería al menos dos ventajas, en comparación con el camino del nonato diálogo, por fuera del sistema interamericano, que impulsa Rodríguez Zapatero. Primero, porque el texto de la Carta es muy claro sobre el objetivo de los buenos oficios y el diálogo ante la “alteración del orden constitucional”: la normalización de la institucionalidad democrática. Eso apunta a que se cumplan con los estándares democráticos fijados en las disposiciones de la CDI, en particular los artículos 3 y 4. Estos no son ambiguos ni arbitrarios sino que los consensuamos entre los cancilleres interamericanos –incluido el del entonces presidente Chávez– cuando aprobamos la CDI el 2001. Segundo, porque si bien la gestión impulsada por Rodríguez Zapatero pone el tema en la agenda internacional –lo que es bueno-– el hecho es que genera escepticismo que luego de varias semanas no haya logrado aún sentar a “las partes” y que apunte a lo que él avizora como un “diálogo, largo y difícil”. Además, al carecer de sustento institucional, no es fácil que esos “buenos oficios” puedan ser materia de un seguimiento orgánico para su adecuado sostenimiento y cumplimiento, lo que es complejo. Por eso es que tiene importancia y que el tema se trate en el marco de la CDI y de la OEA. Nada de eso quiere decir, sin embargo, que la solución estaría “en manos de la OEA”. La normalización democrática depende y dependerá esencialmente del diálogo entre venezolanos. Pero los “buenos oficios” y “gestiones diplomáticas” pueden, en ello, ser contributivos medulares si se cuenta con una agenda precisa y un sostenimiento institucional como aquel que podría proporcionar la OEA.
