Sale al frente de los cuestionamientos a la norma., El ministro de Justicia, Daniel Figallo , explicó la posición del Ejecutivo respecto a la polémica que se ha desatado respecto a la aprobación de la Ley de delitos informáticos y se mostró enfático en negar que esta medida sea una norma aislada a las ya existentes. “Es una ley de avanzada, muy importante que no tiene vacíos y que como toda obra humana podría ser perfectible. Es un gran avance y tiene aspectos novedosos”, expresó en Canal N. Negó que la norma contemple acciones que se podrían realizar con autorización, pese a ser penalizadas y puso como ejemplo el artículo 20 del Código Penal que señala que toda acción que está realizada con autorización ya no puede ser condenada, salvo aquella que vulnere bienes jurídicos intensos, como que un menor autorice que su imagen sea utilizada sea usada de manera pornográfica. Respecto a que nuestro país no está suscrito al convenio internacional sobre cibercriminalidad o Convenio de Budapest , Figallo aclaró que la Ley de Delitos Informáticos está hecha para poder firmarlo. “Hay que recordar que este convenio que está siendo revisado en la Unión Europea. Hemos seguido las pautas que sigue el proceso de modificación del convenio. Ha sido coordinado con técnicos europeos que se reunieron en Perú en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, para poder ir todo el continente en bloque hacia el Convenio de Budapest”, expresó. SOBRE LA “LEY PEDRO CATERIANO” Sobre el artículo de la norma, que incluye la interceptación telefónica, Figallo argumentó que fue elaborada antes de que ocurra el incidente que involucró al ministro de Defensa, Pedro Cateriano , y que no contiene las imprecisiones que se han criticado. “La norma no tiene imprecisión porque dice que las situaciones vinculadas con la seguridad nacional o información clasificada se tendrán que apreciar conforme a la ley de la materia: Ley de acceso a la información Pública, que además recoge todos los principios de pacto de San José y la declaración de Lima”, dijo. Asimismo, sostuvo que la difusión de información proveniente de fuentes cuestionables no puede ser perseguida, pues eso sería inconstitucional. “No puede haber una condena ni un procesamiento mientras no exista una ley que lo posibilite y no la hay. El Código Penal establece lo mismo. Si el juez lo hace aun así, eso es prevaricato y ese juez podría ser condenado”, aclaró.
