Por Raúl Tola Cada cierto tiempo, dependiendo del humor de turno, la polémica por la despenalización del aborto y las drogas, la pena de muerte y el matrimonio entre personas del mismo sexo entra en efervescencia, como ha ocurrido en esta campaña presidencial. Debe ser, sin embargo, la peor temporada para hacerlo: los candidatos parecen poco preocupados por un verdadero intercambio de ideas y por la persecución del bien común. En su caso, lo que manda es el cálculo político, las sumas y restas de votos. La pena capital, por ejemplo, vuelve a ser mencionada como muestra de firmeza en la lucha contra la delincuencia, y se presenta como el remedio definitivo para erradicar de nuestra sociedad a monstruos como aquel padre de familia que violó a su niña de siete meses, y cuya simple mención escarapela la piel. Aunque la eficacia de esta medida extrema estuviera demostrada más allá de toda duda (cosa que no ha ocurrido), deberíamos comprender de una vez por todas que, por más juristas envalentonados que aparezcan, la pena de muerte no puede implementarse en el Perú. A menos, claro, que decidamos violentar varios compromisos internacionales, como el Pacto de San José, transformándonos así en una nueva Cuba. Muy similar es el caso del aborto por violación y el aborto terapéutico. En cuanto se habla de despenalizarlos, el cotarro se alborota. No tendría que ser así: basta revisar el Código Penal para comprender que, en la práctica, la sanción contra una mujer que interrumpe su embarazo bajo estos supuestos nunca se aplica, pues los tres meses de prisión que le corresponden duran bastante menos que un juicio. Lo mismo pasa con la legalización de las drogas. Muchos padres de familia creen que el infierno se instalaría en la tierra si la ley tolerara el consumo de estupefacientes. Para ellos tengo una noticia aterradora: hace tiempo que en el Perú fumar marihuana, inhalar cocaína o chupar una pastilla de éxtasis no es delito. Como dice el artículo 299 del Código: «Posesión impune de droga»: «El que posee droga en dosis personal para su propio e inmediato consumo está exento de pena». La pena de muerte no se puede implementar. El aborto y el consumo de drogas no son delito, pues el ordenamiento legal vigente los tolera, aun con fórmulas hipócritas, como en el caso del primero. ¿Por qué entonces tanto escándalo? Insisto: para llamar la atención y explotar el temor de los ingenuos y desavisados. Estamos advertidos.
