La Ley del Artista

Unos cien mil artistas, intérpretes y ejecutantes cuentan desde hace dos días con una ley que rige los diversos aspectos de estas indispensables profesiones. Culmina así una larguísima lucha que se inició hace 18 años durante el gobierno aprista -que aprobó una norma que se quedó a medio camino- y continuó durante la dictadura fujimorista, que nunca quiso saber nada del asunto, y no es casual. Esta desidia relegó a nuestro país, que pasó a ser uno de los pocos del continente en dejar a sus artistas desprotegidos y a su suerte. Los casos de artistas que en su momento gozaron del favor del público y luego sufrieron los avatares de una vejez en la pobreza y una muerte en el desamparo han sido frecuentes en el Perú, donde esta ingratitud para quienes han contribuido al arte y entretenimiento nacional es una repudiable tradición. Los artistas han conocido terribles dificultades para poder acogerse a la protección del seguro social y de salud. Y derechos tan elementales como el recibir una compensación en el caso de repeticiones de programas televisivos grabados -algo vigente desde hace decenios en países como México y Venezuela- les fueron negados. La norma promulgada permite avizorar que esta época quedará atrás. Ella define de modo prolijo quiénes son artistas, intérpretes y ejecutantes, fija las obligaciones y derechos a los que acceden mediante la firma del correspondiente contrato de trabajo, reconoce el derecho a la compensación por repeticiones y copias para uso privado, etc. En suma, fija los derechos de propiedad intelectual y autoría, que muy a menudo quedaban en el limbo. Hay que reconocer aquí el excelente trabajo hecho por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, y en especial a las legisladoras Julia Valenzuela y Elvira de la Puente, quienes tomaron el tema como si fuera propio -lo era- y supieron llevarlo a feliz término. Es imposible obviar, a la hora de reconocer méritos, la infatigable labor desplegada por César Ureta -recientemente fallecido-, que se quedó -como Moisés- sin ver la tierra prometida, pero supo dirigir al gremio de artistas hacia ella. La cálida reunión que marcó la promulgación de la norma en Palacio fue una noche de sorpresas. El presidente Toledo anunció la creación de un Día del Artista que se conmemorará el 18 de diciembre de cada año y la construcción de una Casa del Artista, tarea que será confiada al Ministerio de Educación y que ha prometido inaugurar antes de la conclusión de su mandato. Asimismo, el mandatario anunció la creación de un premio anual al artista, intérprete y ejecutante, en el cual podrán participar cantantes, intérpretes, actores y actrices, pintores, escultores y cineastas. Se supone que este galardón nacional, que constituye un reconocimiento indispensable a una trayectoria y que debiera abarcar también premios a jóvenes promesas, será objeto de una reglamentación especial. Y ojalá no suceda con él lo que ocurrió hace años con los desaparecidos premios de fomento a la cultura. De este modo, y para sorpresa de muchos, el año que culmina deberá ser recordado como aquel en el que el país se dotó finalmente de una Ley del Artista y de una Ley del Libro y la Lectura, la cual se ha acompañado de la excelente noticia de una pronta reanudación de las inconclusas obras del nuevo local de la Biblioteca Nacional, que el Ejecutivo también se ha comprometido a concluir antes de 2006. No es poco, pero todavía queda mucho por hacer. Por lo pronto, la Comisión de Educación y Cultura del Congreso debiera reanudar la tarea de dotar al país de una nueva Ley de la Producción Audiovisual, la misma que debe reemplazar a la inoperante Ley de Cine dictada en 1995 y resolver el principal problema: el de la creación de un Fondo de Financiamiento, cuyos recursos deberán necesariamente salir de un porcentaje de las entradas. Ojalá que los cineastas, como hoy los artistas y editores, tengan pronto esta buena noticia. Unos cien mil artistas, intérpretes y ejecutantes cuentan desde hace dos días con una ley que rige los diversos aspectos de estas indispensables profesiones. Culmina así una larguísima lucha que se inició hace 18 años durante el gobierno aprista -que aprobó una norma que se quedó a medio camino- y continuó durante la dictadura fujimorista, que nunca quiso saber nada del asunto, y no es casual. Esta desidia relegó a nuestro país, que pasó a ser uno de los pocos del continente en dejar a sus artistas desprotegidos y a su suerte. Los casos de artistas que en su momento gozaron del favor del público y luego sufrieron los avatares de una vejez en la pobreza y una muerte en el desamparo han sido frecuentes en el Perú, donde esta ingratitud para quienes han contribuido al arte y entretenimiento nacional es una repudiable tradición. Los artistas han conocido terribles dificultades para poder acogerse a la protección del seguro social y de salud. Y derechos tan elementales como el recibir una compensación en el caso de repeticiones de programas televisivos grabados -algo vigente desde hace decenios en países como México y Venezuela- les fueron negados. La norma promulgada permite avizorar que esta época quedará atrás. Ella define de modo prolijo quiénes son artistas, intérpretes y ejecutantes, fija las obligaciones y derechos a los que acceden mediante la firma del correspondiente contrato de trabajo, reconoce el derecho a la compensación por repeticiones y copias para uso privado, etc. En suma, fija los derechos de propiedad intelectual y autoría, que muy a menudo quedaban en el limbo. Hay que reconocer aquí el excelente trabajo hecho por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, y en especial a las legisladoras Julia Valenzuela y Elvira de la Puente, quienes tomaron el tema como si fuera propio -lo era- y supieron llevarlo a feliz término. Es imposible obviar, a la hora de reconocer méritos, la infatigable labor desplegada por César Ureta -recientemente fallecido-, que se quedó -como Moisés- sin ver la tierra prometida, pero supo dirigir al gremio de artistas hacia ella. La cálida reunión que marcó la promulgación de la norma en Palacio fue una noche de sorpresas. El presidente Toledo anunció la creación de un Día del Artista que se conmemorará el 18 de diciembre de cada año y la construcción de una Casa del Artista, tarea que será confiada al Ministerio de Educación y que ha prometido inaugurar antes de la conclusión de su mandato. Asimismo, el mandatario anunció la creación de un premio anual al artista, intérprete y ejecutante, en el cual podrán participar cantantes, intérpretes, actores y actrices, pintores, escultores y cineastas. Se supone que este galardón nacional, que constituye un reconocimiento indispensable a una trayectoria y que debiera abarcar también premios a jóvenes promesas, será objeto de una reglamentación especial. Y ojalá no suceda con él lo que ocurrió hace años con los desaparecidos premios de fomento a la cultura. De este modo, y para sorpresa de muchos, el año que culmina deberá ser recordado como aquel en el que el país se dotó finalmente de una Ley del Artista y de una Ley del Libro y la Lectura, la cual se ha acompañado de la excelente noticia de una pronta reanudación de las inconclusas obras del nuevo local de la Biblioteca Nacional, que el Ejecutivo también se ha comprometido a concluir antes de 2006. No es poco, pero todavía queda mucho por hacer. Por lo pronto, la Comisión de Educación y Cultura del Congreso debiera reanudar la tarea de dotar al país de una nueva Ley de la Producción Audiovisual, la misma que debe reemplazar a la inoperante Ley de Cine dictada en 1995 y resolver el principal problema: el de la creación de un Fondo de Financiamiento, cuyos recursos deberán necesariamente salir de un porcentaje de las entradas. Ojalá que los cineastas, como hoy los artistas y editores, tengan pronto esta buena noticia.

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