Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad. Estos son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad), mediante el Decreto Supremo N. 128-2026-PCM, publicado este sábado 5 de setiembre.

La medida tiene una vigencia de 60 días calendario y suspende los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro exterior de los recintos, hasta un radio de 200 metros.

Según la norma, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en esa franja perimetral con apoyo de las Fuerzas Armadas, que además resguardarán el espacio aéreo y señales de radio y celulares alrededor de las cárceles. El INPE mantendrá la administración y custodia interna de los penales. El Gobierno sustenta la decisión en que estos cinco establecimientos concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales que operan desde prisión.

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Primeras directrices bajo la nueva gestión del INPE

El decreto llega un día después de que la presidenta Keiko Fujimori se reuniera en Palacio de Gobierno con el premier Luis Galarreta, el ministro de Justicia Ernesto Álvarez y el recién designado presidente del INPE, Abraham Lescano, para coordinar las acciones inmediatas y fijar las directrices de la nueva gestión penitenciaria.

Como parte del operativo, se anunciaron controles permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. El premier Galarreta señaló que el Gobierno actúa "independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades" legislativas, aunque dijo que con ellas "actuará con más fuerza" contra la criminalidad organizada.

La nueva Política General de Gobierno

El estado de emergencia en los cinco penales se da además en el marco de la Política General de Gobierno 2026-2031. “Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados", aprobada mediante Decreto Supremo este 4 de setiembre. La norma deroga la política general que regía hasta ahora y fija cinco ejes prioritarios para el resto del mandato, entre ellos, como primer eje, reducir la inseguridad ciudadana que afecta la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.

Corcuera duda de su real impacto contra el crimen

El exviceministro del Interior Julio Corcuera consideró que la crisis del sistema penitenciario es permanente y no coyuntural. "Es urgente que se deje de extorsionar desde las cárceles, que deje de ser la cárcel una especie de universidad del crimen o centro de operaciones informales", señaló.

El especialista precisó que, según lo explicado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, el apoyo militar se dará "a través de los perímetros externos, no internos" y se enfocará en controlar los productos que ingresen a los penales mediante campanas y escáneres, sin intervenir en el interior de los recintos.

Sobre su efectividad, Corcuera dudó. "¿Cuánto esto pueda contribuir a reducir el crimen? La verdad no lo sé", dijo, y explicó que los asesinatos vinculados a extorsión contra empresas de transporte ocurren en zonas alejadas de estos penales, como el Cono Norte, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. "Si es así, realmente no pareciera que fuera un gran cambio", concluyó.