Sala de Apelaciones resolverá caso de policías acusados con cuestionado peritaje

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque resolverá la impugnación de los oficiales y suboficiales de la Dirección Territorial de Chiclayo de la PNP, a quienes la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios atribuye haber adquirido con sobrecosto implementos de protección durante la pandemia del Covid-19.

La defensa de los efectivos policiales comprendidos en el caso alegó desde un primer momento que el peritaje en el que se sustentó el fiscal del caso, José Guevara Gilarmas, carecía de valor porque lo había elaborado una persona que no contaba con la autorización legal para dicha tarea. Se trataba de William Canario Santa Cruz.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque está compuesta por los magistrados Guillermo Piscoya, Raúl Solano Chambergo y Edwin Quispe Díaz.

El peritaje sirvió para dar inicio a una serie de acciones, como el allanamiento, la intervención y detención de los policías involucrados, entre otras, pese a que el fiscal José Guevara estaba informado de que William Canario era un servidor no calificado.

UN PERITO FANTASMAL

En efecto, en el acta del 28 de abril de 2020, el fiscal José Guevara consignó que participó en una diligencia en la sede policial de Chiclayo, en compañía de Willian Canario Santa Cruz en calidad de perito economista del Ministerio Público.

Luego, el 15 de mayo y el 3 de junio de 2020, William Canario Santa Cruz suscribió dos informes técnicos como perito economista del Equipo Forense en Contabilidad y Finanzas. En estos documentos, Canario sostiene que los policías implicados adquirieron lejía, alcohol en gel y mascarillas por un monto superior al 62% del valor de mercado.

La defensa de los imputados elevó un peritaje a cargo del contador colegiado Yolino Ortega Gonzales que demostraba que William Canario tomó como referencia precios en farmacias, supermercados, la plataforma Mercado Libre y las tiendas Makro, a las que no tiene acceso el Estado.

Además, los efectivos policiales hicieron las adquisiciones entre el 18 de marzo y el 11 de abril de 2020, en un contexto en el que la carencia de los productos requeridos se había disparado. Mientras que Canario recogió valores posteriores a dicha fecha mencionada, cuando los costos habían bajado.

El perito de parte Yolio Ortega demostró documentalmente que no existió la sobrevaloración.

Pero el fiscal José Guevara, con el propósito de que nadie cuestionara el sustento de la acusación contra los policías, desechó el peritaje de parte.

FORZANDO LA EVIDENCIA

Pese a las deficiencias mencionadas, el fiscal José Guevara formuló acusación contra los oficiales y subalternos de la Policía Nacional, dándole valor a los documentos “elaborados por el perito Willian Gabriel Canario Santa Cruz, de la oficina de peritajes del Ministerio Público”.

Sin embargo, desde octubre de 2021, la Oficina de Administración de Potencial Humano del Ministerio Público informó por escrito que en las fechas en las que William Canaro emitió sus informes, este no prestó servicios en la Oficina de Peritaje, en la fecha en consulta.

El contrato de servicios del Ministerio Público con Canario expiró el 31 de marzo de 2020, antes de las diligencias que dispuso el fiscal José Guevara.

En reiteradas ocasiones, la defensa solicitó interrogar al perito William Canario Santa Cruz, y fue citado, como corresponde, pero jamás se presentó.

El 12 de febrero del 2026, casi seis años después de la acusación del fiscal José Guevara, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque sentenció a los efectivos policiales.

Sin embargo, increíblemente, en el fallo no se tomó en cuenta el peritaje de William Canario porque hizo comparaciones de precios de forma errónea para argumentar la existencia de una sobrevaloración en la compra.

PRUEBAS BAJO SOSPECHA

Por esta razón, los imputados han apelado el fallo de febrero del 2026 porque durante la investigación fiscal se cometieron varias irregularidades que invalidan la acusación, en particular porque el mismo juzgado desestimó el peritaje que sirvió para sustentar la acusación.

Han apelado el encargado de las adquisiciones, el comandante PNP (r) Marcel Carbajal Tarazona, y el suboficial PNP Jean Yampufé Sánchez, quienes laboraban en la Dirección Territorial Policial de Chiclayo, Lambayeque.

Estos señalan que la fiscalía los acusa no solo con un peritaje cuestionado sino también con otras diligencias irregulares, como declaraciones de personas, grabaciones y deslacrado de equipos electrónicos.

La defensa de los efectivos señala que en las manifestaciones de los proveedores que se acogieron a la terminación anticipada existen inconsistencias y contradicciones.