Renovación Popular presenta proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

Renovación Popular ha presentado un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público directo e indirecto de las organizaciones políticas. La propuesta fue presentada formalmente por Norma Yarrow y cuenta con la firma de los demás integrantes de la bancada de diputados del partido celeste.

La fórmula legal plantea reformar la Ley de Organizaciones Políticas para eliminar el financiamiento público destinado a los partidos. Para ello, deroga los artículos 29, 37 y 38, referidos al financiamiento público directo —el aporte estatal que reciben los partidos con representación parlamentaria— y a la franja electoral, el espacio publicitario en radio y televisión que el Estado contrata y cede a las organizaciones políticas durante los procesos electorales.

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Al desaparecer la franja electoral, la propuesta también modifica el artículo 36-D. En concreto, elimina la sanción que actualmente existe para los medios de comunicación que difunden propaganda distinta de la contratada como parte de este espacio, una infracción que dejaría de tener sentido si la franja ya no existiera. En cambio, mantiene únicamente dos sanciones: una dirigida a las personas jurídicas que financien de forma indirecta a una organización política y otra aplicable a las entidades públicas o privadas que no entreguen la información requerida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La exposición de motivos sustenta la propuesta en reportes sobre el presunto mal uso de la franja electoral, mediante el cual se habrían destinado recursos a empresas de comunicación que tendrían vínculos con partidos políticos. Asimismo, el proyecto dispone que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las demás instituciones electorales adecuen su normativa a estos cambios.

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Reformas a la Ley de Organizaciones Políticas en los últimos años

La Ley de Organizaciones Políticas ha sido reformada constantemente en los últimos años. La Ley N.° 30689, publicada en 2017, y la Ley N.° 31046, de 2020, forman parte de esta serie de modificaciones. La primera prohibió que las empresas aportantes a campañas políticas mantuvieran contratos con el Estado, mientras que la segunda reguló los fondos que el Estado otorga a las organizaciones políticas con representación parlamentaria.

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En 2022, la Ley N.° 31504 modificó las sanciones por infracciones en materia de financiamiento político, sin alterar el diseño del financiamiento público y privado propiamente dicho.

Durante el último Congreso se aprobó la Ley N.° 32254, que restituyó el financiamiento privado para los partidos políticos. Esta norma también permitió que la ONPE resguarde la confidencialidad de los aportantes individuales que realizan sus contribuciones a través del Banco de la Nación.