Fiscal sospecha de fraude electoral: ordena peritaje de equipos de la ONPE

Para determinar si las deficiencias reportadas durante la votación en distintas mesas de Lima fueron parte de una conspiración destinada a afectar los resultados electorales, el fiscal Raúl Martínez Huamán, ordenó que se practiquen una serie de peritajes a los equipos informáticos empleados durante el sufragio del domingo 12 de abril.

El propósito del fiscal Martínez, quien investiga el caso por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada, es determinar si existió un intento de afectar la voluntad popular (fraude electoral). Para saber si participaron servidores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), infiltrados en la institución o personas ajenas a la entidad, rastrea las comunicaciones de los implicados antes, durante y después de la votación del 12 de abril.

Como parte de las pesquisas, el fiscal Martínez requirió los teléfonos institucionales y personales de los involucrados, según el documento del requerimiento al que tuvo acceso La República.

Entre ellos se encuentran el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; la funcionaria del Área de Logística, Hilda Otoya Alvarado; y el servidor Willian García Velásquez.

Los investigados también deberán entregar sus correos electrónicos institucionales y personales; y los contenidos de los mismos (correos recibidos, enviados, spam, papelera y otros). En este caso, se incluye a la funcionaria Lilia Flores Bancho.

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Cuestión de fondo

Además, la ONPE deberá proporcionar el registro de visitas externas a la Sub Gerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 al 12 y 13 de abril, los días del sufragio y de la votación complementaria.

Otro documento trascendental solicitado por la fiscalía es el Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, ya que sirvió para la configuración de los equipos electrónicos empleados durante el sufragio.

También se han pedido las copias certificadas de las guías de despacho de los 13 colegios donde no se entregó el material electoral y no se pudieron instalar las mesas de votación. Se cree que este no fue un hecho aislado sino parte de una operación para afectar los resultados electorales.

Según un acta de entrevista efectuada por la Contraloría el 14 de abril al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, este indicó que desde etapas previas ya se tenía conocimiento de que podrían generarse retrasos debido al incumplimiento del cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).

Mencionó que esta anomalía se originó principalmente por la demora en la entrega de los equipos electrónicos necesarios para su configuración y posterior distribución, lo que luego generó incidentes en cadena que afectaron los comicios.

Los reportes en relación a los locales de votación que no utilizaron los equipos informáticos, es parte de a información requerida por el fiscal Raúl Martínez.

En 2025, la ONPE adquirió 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módem para 2.269 centros de votación en Lima Metropolitana y Callao.

“Se remitan de manera ordenada y separada, el reporte del cronograma de distribución del material electoral y equipos informáticos a los locales de votación, tanto el inicial como sus modificatorias, debiéndose precisar qué personas y áreas participaron en dicha elaboración y modificación, y las fechas en que cada cronograma fue elaborado y/o modificado”, dispuso el fiscal.

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Otros pedidos sobre contratista Galaga

• Para establecer si ONPE adoptó medidas para que todo el sistema funcionara correctamente, la fiscalía solicitó los registros de monitoreo. Por ejemplo, el seguimiento al traslado del material electoral y de los equipos informáticos, que estuvo a cargo del contratista Galaga, con la finalidad de determinar si cumplió con el contrato.
• En declaraciones a la Contraloría, Juan Phang indicó que el gerente José Samamé modificó el cronograma de rutas con el propósito de acelerar la distribución del material electoral, pero no consiguió el resultado esperado.