Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

Para determinar si las deficiencias reportadas durante la votación en distintas mesas de Lima fueron parte de una conspiración destinada a afectar los resultados electorales, el fiscal que investiga el caso, Raúl Martínez Huamán, ordenó que se practiquen una serie de peritajes a los equipos informáticos empleados durante el sufragio del domingo 12 de abril.

El propósito del fiscal Martínez es determinar si los implicados actuaron en coordinación con personas externas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), o con infiltrados en la institución.

Como parte de las pesquisas, el fiscal requirió los teléfonos institucionales y personales que los involucrados usaron durante el proceso electoral, según el documento del requerimiento al que tuvo acceso La República. Entre ellos se encuentran el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; la funcionaria del Área de Logística, Hilda Otoya Alvarado; y el servidor Willian García Velásquez.

Los investigados también deberán entregar sus correos electrónicos institucionales y personales, y los contenidos de los mismos (correos recibidos, enviados, spam, papelera y otros). En este caso, se incluye a la funcionaria Lilia Flores Bancho.

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Cuestión de fondo

La ONPE deberá proporcionar el registro de visitas externas a la Sub Gerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 al 12 y 13 de abril, el día del sufragio y la votación complementaria.

Otro documento trascendental requerido por la fiscalía es el Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, ya que sirvió para la configuración de los equipos electrónicos empleados durante el sufragio.

También se han pedido las copias certificadas de las guías de despacho de los 13 colegios donde no se entregó el material electoral y no se pudieron instalar las mesas de votación.

Según un acta de entrevista efectuada por la Contraloría el 14 de abril al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, este indicó que desde etapas previas ya se tenía conocimiento de que podrían generarse retrasos debido al incumplimiento del cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).

Mencionó que esa anomalía se originó principalmente por la demora en la entrega de los equipos electrónicos necesarios para su configuración y posterior distribución, lo que luego generó incidentes en cadena que afectaron los comicios.

Los reportes en relación a los locales de votación que no utilizaron los equipos informáticos, fueron solicitados por el fiscal Raúl Martínez.

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Computadoras bajo escrutinio

En 2025, la ONPE adquirió treinta mil laptops, treinta mil impresoras y 4.538 módems para 2.269 centros de votación en Lima Metropolitana y Callao.

“Se remitan de manera ordenada y separada, el reporte del cronograma de distribución del material electoral y equipos informáticos a los locales de votación, tanto el inicial como sus modificatorias, debiéndose precisar qué personas y áreas participaron en dicha elaboración y modificación, y las fechas en que cada cronograma fue elaborado y/o modificado”, se indica en la disposición fiscal.

Para establecer si ONPE adoptó medidas para que todo el sistema funcionara correctamente, la fiscalía pidió los registros de monitoreo, por ejemplo, en relación al traslado del material electoral y los equipos informáticos, que estuvo a cargo del contratista Servicios Especiales Galaga.

“Se remita el reporte de monitoreo de cada unidad de transporte, chofer asignado, placa de vehículo, datos del comisionado de la ONPE, fecha y hora de salida de los vehículos de los locales tanto del parque industrial del almacén de Lurín y de Lurín Live, debiéndose precisar а cargo de qué área se encontraba el monitoreo”, precisa el documento.

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Testigos de los hechos

En declaraciones a la Contraloría, Phang Sánchez indicó que el gerente de Gestión Electoral, Samamé Blas, modificó el cronograma de rutas con el propósito de acelerar la entrega del material electoral a los centros de votación y tratar de cumplir con los tiempos previstos en el cronograma.

Sin embargo, según Phang, estos no coincidían con el tiempo real porque cada ruta comprendía entre siete a 17 locales de votación y el promedio de horas para la entrega de una ruta es de ocho horas aproximadamente.

“Según el reporte impreso del cronograma modificado que comprendía 553 locales de votación en 43 rutas, el señor Juan Antonio Phang Sánchez, Subgerente de Producción Electoral, manifiesta que el rango de llegada del material electoral y equipos de cómputo a los locales de votación, que se encuentran en el intervalo de 3 horas y media a 4 horas, no se condice con la realidad”, señala el acta.