Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

El Perú tiene dos gobiernos: el que dirige el presidente José María Balcázar y el que encabeza el primer ministro, el general EP (r) Luis Arroyo Sánchez. Este lidera a un grupo de ministros: el titular de Defensa, general EP (r) Carlos Díaz Dañino, destituido por Balcázar el miércoles en la mañana, y el renunciante canciller Hugo de Zela, quien prefirió presentar su renuncia. Ahora es sabido que a estos se ha sumado el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, muy vinculado con los sectores militares: fue viceministro de Recursos para la Defensa y asesor de dicho despacho, entre febrero de 2022 y febrero de 2024.

El viernes 17 de abril, Balcázar informó que su gestión no firmaría contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de 24 cazas F-16 Block 70, y que dejaba la decisión al próximo gobierno electo. Pero Arroyo, De Zela y Díaz, que participaron directamente en el proceso, cuestionaron lo resuelto por el jefe de Estado y se organizaron para que la suscripción de los contratos (por la compra de las aeronaves y otro complementario de compensación e industrial (Offset), se ejecutara el lunes 20 de abril. El argumento del grupo del premier Arroyo fue que ya había un proceso en curso y obligaciones que cumplir, por lo que procedía la firma con Lockheed Martin.

Sin embargo, en diferentes medios, Balcázar negó que se hubiera firmado nada y reiteró que mantenía su posición de trasladar la responsabilidad a quien resulte elegido en la segunda vuelta. Es lo que declaró en cuatro momentos el martes 21 de abril. Y parecía, en efecto, que el mandatario no había mudado de pensamiento.

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Cuando a primera hora del miércoles 22 de abril circuló la resolución presidencial despidiendo al ministro de Defensa, Carlos Díaz -a quien se atribuye haber ordenado a la Fuerza Aérea del Perú la suscripción del contrato-, era evidente que Balcázar no estaba de acuerdo con la actuación de este.

Es más, en su carta a Balcázar, el exministro Díaz reconoció que su salida se debía a que no estaba de acuerdo con el jefe de Estado, quien optó por cancelar el contrato: “Ante lo cual mantengo una discrepancia sustantiva, particularmente por sus implicancias respecto del proceso de contratación (...), al considerar que podría comprometer los intereses del país”.

Luego el renunciante canciller Hugo de Zela, quien participó del proceso desde el gobierno del expresidente José Jerí, arguyó que el presidente Balcázar sí estaba enterado de la suscripción del contrato.

“El lunes 20, cuando se firmaron los contratos, el Mindef le comunicó a Balcázar que los dos contratos se habían firmado (por los cazas y por el Offset). Sin embargo, el señor Balcázar ha estado saliendo en medios a decir que los contratos no están firmados. Creo que es grave que un jefe de Estado mienta”, indicó De Zela.

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Muy poco después, el presidente Balcázar, ofreció un mensaje a la Nación, ratificando que no habrá contrato durante su mandato transitorio porque necesitar dirigir fondos a otras prioridades.

“No hemos tenido otra intención sino de hacer que los dineros del Estado se graven adecuadamente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir. Y para eso, necesito tener caja para afrontar tremendos desafíos. (...) Una compra de esta naturaleza no será motivo de una confrontación, de ninguna manera. Lo que se ha dicho, como repito, es que eso (la compra de los cazas) lo conozca el nuevo gobierno que entra en el país”, expresó.

También se dio para responder a sus ex ministro Díaz y De Zela: “Se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad. Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no se puede decir que yo he mentido”, aclaró.

De este modo, sin quererlo, Balcázar admitió que hay un grupo dentro de su gobierno que adopta decisiones al margen de su conocimiento.

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Un ejemplo que grafica esta situación es el comunicado que difundió el primer ministro, el general EP (r) Luis Arroyo Sánchez. Luego de pocas horas de que Balcázar reiteró por enésima vez que no habrá contratación con Lockheed Martin, expresó que el proceso continuaba y que la adquisición de los F-16 Block 70 es un hecho consumado.

“El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) acordó la adquisición de dichos aviones (F-16 Block 70) para la Fuerza Aérea del Perú”, señaló el premier: “A la fecha, venimos cumpliendo compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16”.

En ninguna parte del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, que aplica la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), se indica que la adquisición depende de lo que elija el Cosedena. Es el usuario, en este caso la FAP, el que lo determina en un proceso de selección y eleva el expediente respectivo a la ACFFAA, entidad que otorga la buena pro.

En este caso, la francesa Dassault Aviation presentó el caza Rafale F4, la sueca Saab el Gripen E/F y la norteamericana Lockheed Martin el F-16 Block 70. Como lo ha revelado La República, por decisión del gobierno de José Jerí, se desechó el concurso y se trabajó con la oferta estadounidense.

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En esta línea, el comandante general de la FAP, general del aire Raúl Contreras León Carty, emitió una resolución expresando que la institución se inclinaba por los F-16 Block “por razones estratégicas de interés nacional”, pese a que el Comité Evaluador Técnico-Operacional (CETO) de la institución castrense, emitió un informe señalando que el orden de interés era el siguiente: Rafale F4, Gripen E/F y F-16 Block 70. Contreras sencillamente se acogió a la consigna.

Lo mismo sucedió con el jefe de la ACFFAA, general EP (r) Erwin Solís Ochoa, quien se limitó a validar el requerimiento de la FAP, cuando el Manual de Contrataciones en el Extranjero exige la evaluación de todas las propuestas. Como ha quedado probado, la FAP nunca negoció ni con Saab, ni con Dassault Aviation, sino únicamente con Lockheed Martin.

Cuando en su mensaje el presidente Balcázar ratificó que no habrá contrato, horas después, otro miembro del grupo del premier Luis Arroyo, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, autorizó la transferencia a Lockheed Martin de US$462 millones. Curiosamente, quien adelantó que se haría el abono, fue el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien apoya decididamente el contrato con Estados Unidos (ver recuadro).

En su momento, todos deberán rendir cuentas ante las autoridades.