Gustavo Gorriti desmiente a López Aliaga y reconstruye la intervención contra IDL-Reporteros tras revelar red de corrupción en el sistema judicial

La controversia se centra en el caso Cuellos Blancos, una red de corrupción integrada por altos funcionarios del sistema judicial revelada por IDL-Reporteros en 2018, y específicamente en el caso Rurush, en referencia a una fallida intervención del fiscal Rodrigo Rurush a las oficinas del medio IDL para incautar los audios que exponían a la mafia. Según Gorriti, el político miente al afirmar que se expulsó a un fiscal "a patadas", cuando en realidad se trató de una defensa frente a una diligencia ilegal que buscaba proteger a los magistrados implicados.

El periodista reconstruyó los hechos desde las primeras notas que fueron publicadas el 7 y 8 de julio de 2018 y que luego desencadenarían investigaciones por el caso Cuellos Blancos. "El efecto de estas dos primeras entregas de periodismo investigativo fue nada menos que sísmico, contundente, colosal. Era el delito, la corrupción más profunda relatada por los propios protectores que eran a la vez altas autoridades del sistema judicial", señaló Gorriti por medio de su canal oficial de YouTube.

En los días siguientes a la publicación del informe, el periodista manifestó que tres días después de la primera publicación, llegó a las oficinas de IDL un fiscal llamado Rodrigo Rurush junto a cuatro policías para incautar los audios de la investigación sin contar con una orden judicial ni una disposición fiscal válida. Gorriti sostuvo que las acciones tenían la intención de parar con las investigaciones del caso Cuellos Blancos. "Era muy evidente que se trataba de un intento por abortar la investigación de un caso que recién comenzaba, pero que ya era un inmenso escándalo". Además, mencionó que el derecho a la libertad de prensa también se vio afectado. "La acción que me describían era sin la menor duda un ataque directo a la libertad de prensa y al periodismo de investigación".

El director de IDL sostuvo que fue una diligencia ilegal y un intento de la red de corrupción judicial para terminar con la investigación periodística que acababa de estallar. Al verse expuesto ante las cámaras y no poder presentar el sustento legal de su presencia, el fiscal tuvo que retirarse y dejó constancia en un acta de que lo hacía por voluntad propia. Asimismo, Gorriti mostró la declaración de Avelino Guillén, exfiscal supremo que tuvo a su cargo la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de la Nación, quien afirmó la irregularidad de la diligencia. "En este caso el fiscal al momento de concurrir a IDL debió documentarse, explicar las razones de su presencia y mostrar la resolución mediante la cual se ordenaba esta diligencia que debía contar además con la aprobación del juez de investigación preparatoria. Esto es de obligatorio cumplimiento además".

El periodista señaló que el jueves 11, la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso lo citó a él y a Roxana Cueva para que "revelaran las fuentes de la investigación". Sin embargo, ambos se negaron y apelaron a la defensa de los principios fundamentales de la libertad de expresión y el periodismo.

Como relata Gorriti, el incidente no fue un hecho aislado, sino parte de una persecución de tres días que incluyó presiones del Congreso y amenazas del entonces fiscal supremo Rodríguez Montesa para revelar las fuentes de información. "Víctor Raúl Rodríguez Montesa exigió en forma perentoria y bajo la amenaza de denuncia por delito de 'desobediencia a la autoridad' que IDL le entregara el íntegro de los audios y le revelara cómo, cuándo y a través de quién o de quiénes los había conseguido", señaló Gorriti.

IDL reiteró que no se entregaría lo solicitado, ya que no se estaría respetando la libertad de prensa y de expresión, así como tampoco se reconocía la libertad de la reserva y protección de fuentes. "La intimación a entregar nuestro material de investigación, así como las fuentes 'bajo apercibimiento de remitirse copias por delito de desobediencia a la autoridad' es indigna de un funcionario del ministerio Público (...) Su pedido no es solo inadmisible sino ilegal. Usted pretende violar principios constitucionales y convenciones internacionales con fuerza ilegal en el Perú", según la carta que presentó el medio.

El periodista resaltó que todos los implicados en los intentos por frenar la investigación resultaron vinculados al caso: el esposo de la exfiscal Nora Córdoba aparecía en audios con César Hinostroza, el entonces fiscal supremo Rodríguez Montesa fue destituido tras revelarse su complicidad y congresistas como Héctor Becerril y Mauricio Mulder también figuraban en las grabaciones.

El periodista afirma que la insistencia de López Aliaga en este caso es una forma de "desinformación extrema" que busca invertir los papeles: presentar a quienes defendieron la libertad de prensa como agresores, mientras se protege a figuras vinculadas a la corrupción judicial que hoy intentan retomar el poder.

Designación de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación

Para Gustavo Gorriti, el panorama actual del Ministerio Público es crítico, pues sostiene que con el reciente retorno de Tomás Aladino Gálvez "se terminó de destruir toda importante investigación anticorrupción". Asimismo, advierte que personajes como Víctor Raúl Rodríguez Montesa estarían próximos a recuperar sus cargos debido a una Junta Nacional de Justicia que califica como "tan o más corrupta que el Consejo Nacional de la Magistratura entonces investigado", lo que representaría un grave retroceso en la lucha contra la impunidad.