Delia Espinoza bajo investigación por la JNJ tras no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra Delia Espinoza Valenzuela, actual fiscal de la Nación, por negarse a recibir y entregar la titularidad del Ministerio Público a Patricia Benavides, en cumplimiento de una resolución de la Junta Nacional de Justicia que no se podía ejecutar, en otros aspectos, por carecer de la totalidad de las firmas de sus integrantes.

Espinoza dispone de 10 días hábiles para presentar sus descargos y las pruebas que considere necesarias. La investigación estará a cargo de la integrante instructora María Teresa Cabrera Vega.

La acción de la JNJ se produce mientras el Congreso mantiene presión contra Espinoza Valenzuela, con cuatro denuncias constitucionales que buscan su inhabilitación. La fiscal rechazó cumplir la reposición de Benavides al señalar que la resolución carecía de las firmas completas de los miembros de la JNJ. En paralelo, el Poder Judicial confirmó la suspensión de Benavides por dos años, dejando a Espinoza como fiscal titular.

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Congreso busca inhabilitar a Delia Espinoza como medida de venganza

Durante esta semana, el Congreso avanzó con cuatro denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, todas orientadas a retirarla del cargo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la ha convocado repetidamente para responder principalmente a la acusación de Fernando Rospigliosi por presuntamente desobedecer la ley que atribuye a la Policía Nacional la conducción de investigaciones preliminares. Sin embargo, Espinoza no pudo acudir porque debía viajar a Italia para participar entre el 18 y 19 de julio del "Evento Anual Regional en memoria del juez Paolo Borsellino".

Además, la bancada Renovación Popular la acusa de beneficiar al ex fiscal supremo Pablo Sánchez al archivar una investigación por los llamados “CNM Audios”, y ha solicitado una inhabilitación de hasta 10 años.

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Las otras dos denuncias incluyen una presentada en julio por no acatar la orden de la JNJ para restituir a Patricia Benavides, y otra promovida en junio por el cuestionado exministro del Interior Juan José Santiváñez, que la acusa de abuso de autoridad y filtración de información. De acuerdo con la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, detrás de este cúmulo de acusaciones hay una estrategia de “venganza política” para debilitarla en medio de las investigaciones que viene liderando contra diversos congresistas y en defensa de la autonomía del Ministerio Público.

JNJ ya había aceptado a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

A inicios de julio, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, remitió un oficio al Ministerio Público en el que acepta la decisión del Poder Judicial: suspender por 24 meses a Patricia Benavides y reconocer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

En el oficio oficial, Gino Ríos explicó que la suspensión de Patricia Benavides se basa en una resolución judicial del 24 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la cual respalda una medida previa dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta infracción constitucional.

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El documento detalla además que, aunque la resolución que buscaba la reposición de Benavides sigue en proceso de apelación, la JNJ respeta la independencia de poderes y, por ello, acata la orden del Poder Judicial que actualmente impide su retorno al cargo, entonces ¿que pasó?

JNJ aclara que no hay adelanto de juicio

La Junta aclaró que la investigación preliminar abierta no representa un adelanto de juicio, sino que busca determinar si existen fundamentos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario formal. “Se actúa bajo estricto respeto al principio de presunción de licitud”, señala el comunicado oficial.

En esta fase, la instructora María Teresa Cabrera recopilará documentos, declaraciones y demás elementos probatorios que permitan esclarecer los hechos denunciados. Si encuentra mérito, presentará un informe al pleno de la JNJ recomendando el inicio del proceso sancionador.