Nicanor Boluarte afrontaría hasta 31 años de prisión por caso Los Waykis en la Sombra

Después de que el Poder Judicial decidiera anular la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, y otros implicados en el caso Los Waykis en la Sombra, el hermano mayor de Dina Boluarte podría ser condenado a hasta 31 años de pena privativa de libertad, de acuerdo a los argumentos previamente presentados por el juez Richard Concepción Carhuancho.

En ese sentido, durante la intervención de la magistrada Sonia Torres Muñoz, la representante del Poder Judicial leyó los argumentos presentados en la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, la cual señala que habría suficientes elementos para determinar que el abogado Nicanor Boluarte sí habría cometido el delito de organización criminal, aprobando la tesis del Ministerio Público.

"El juez de la investigación preparatoria señala presentarse indicadores que podrían manifestarse cierta posibilidad de fuga del investigado. Menciona gravedad de la pena, pronóstico de una pena grave de 31 años de pena privativa de la libertad", leyó la magistrada Torres Muñoz.

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Revocan detención preliminar contra Nicanor Boluarte

En esa línea, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional determinó este 17 de mayo revocar la detención preliminar contra Nicanor Boluarte y a otras personas investigadas vinculadas al caso Los Waykis en la Sombra que lleva el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) al no encontrar que el hermano de la presidenta Dina Boluarte presente un peligro procesal.

“Nicanor Boluarte sí presenta arraigo en el país, siendo el único indicador de cierta posibilidad de fuga la gravedad de la pena. (...) Sin embargo, ello por sí solo no constituye un elemento determinante. (...) En ese orden de ideas, no existe evidencia objetiva alguna de que el investigado Nicanor Boluarte pueda ser proclive a incurrir en peligro procesal, ameritando ello la revocatoria de la detención preliminar e incomunicación”, argumentó la jueza Sonia Torres.

En ese mismo contexto, el abogado de la jefa de Estado, Mateo Castañeda, salió en libertad tras permanecer más de cinco días detenido preliminarmente en la Prefectura de Lima. La representante del referido despacho judicial indicó que existió "un copia y pega de aspectos modulares consignados en aspectos que abordan el peligro procesal".

"Al no haberse acreditado mínimamente la concurrencia del presupuesto de posibilidad de fuga u obstaculización, es menester revocar este otro extremo de la detención preliminar e incomunicación”, sostuvo este viernes 17 de mayo.

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¿Por qué detuvieron a Nicanor Boluarte?

El Poder Judicial emitió una orden de detención preliminar contra ocho personas, incluyendo a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y su abogado Mateo Castañeda. Esta medida también consideró el levantamiento de comunicaciones, allanamientos domiciliarios y registros personales, con el objetivo de recoger mayor información respecto a la presunta organización criminal conocida como 'Los Waykis en la Sombra'.

Nicanor Boluarte fue arrestado en la madrugada del viernes 10 de mayo durante una operación realizada en conjunto entre el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en el marco de la operación Valkiria Jericó. Las acusaciones en su contra y su círculo cercano incluyen delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Además del hermano de la jefa de Estado, la orden judicial afecta a otras figuras, como al letrado Mateo Castañeda, cuyo papel en la trama parece ser más significativo de lo que se pensaba inicialmente. Entre los investigados también se encuentran Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, Verónica Raquel Solórzano Quispe, Nixon Henry Hoyos Gallardo, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar, Gilmer Raúl Flores Fernández, Fernando Navarro Luna, Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Luis Ortiz Marreros.

Las pesquisas sugieren que esta red operaba bajo la fachada del partido Ciudadanos por el Perú, utilizando su influencia para el nombramiento de prefectos a cambio de considerables sobornos.