Testimonios y depósitos bancarios —documentados por el Ministerio Público— ponen en evidencia que la red criminal que habría liderado la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría recibido el ilícito pago de $60.000 a cambio de favorecer al abogado José Luis Castillo Alva en la investigación que se desarrollaba en su contra por el caso Cuellos Blancos. La consigna era que aprovechando la influencia de Benavides Vargas como titular de la institución concluya los nombramientos de los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Humán para lograr el archivamiento de la indagación.
Conforme al documento del auto de detención preliminar, allanamiento con descerraje, incautación de bienes muebles e inmueble y levantamiento del secreto de las comunicaciones desplegado este martes 23, en el marco del operativo ‘Valkiria’, se pudo conocer más detalles de cómo habría operado la red criminal que habría liderado la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides. Esta organización también habría recibido dinero ilícito a cambio de favorecer a terceros bajo investigaciones.
De acuerdo a la tesis fiscal, Mirtha Cristina Gonzales Yep buscó una reunión con el círculo de confianza —conformado por los asesores Miguel Ángel Girao Isidro y Jaime Villanueva Barreto— de Patricia Benavides para ofrecerle inicialmente apoyo en el proceso que se le seguía a nivel de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero a cambio le pedía apoyo para proteger a su pareja José Luis Castillo Alva, quien se encontraba investigado por el caso "Cuellos Blancos". También se ofreció el pago de $60.000, los cuales fueron entregados en dinero en efectivo a Girao y Villanueva.
Para concretar esta reunión, Mirtha Gonzales Yep “se habría comunicado con su amigo, el director del portal periodístico Sudaca, Juan Carlos Tafur, con la finalidad de que contacte a Jaime Villanueva para que, a través de él, puedan llegar a reunirse con Patricia Benavides”.
Tras una conversación entre ambos, el encuentro fue pactado para el 13 de marzo del 2023, al cual asistieron Mirtha Gonzales Yep, Patricia Benavides, Miguel Girao y Juan Carlos Tafur en el piso nueve del Ministerio Público, donde se ubica el despacho de la fiscal de la Nación.
Gonzales Yep le propuso a Benavides “ayudarla en la investigación que tenía en la Junta Nacional de Justicia” con el testimonio de capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, quien “podría influir” a su favor en el proceso. Su nivel de importancia se debía a que él mismo había formulado el informe de vinculación y registro de llamadas del caso ‘Cuellos Blancos’. Conforme a los acordado, este fue ofrecido como testigo de parte y rindió su manifestación cuando le fue requerida.
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En la segunda reunión efectuada en marzo del 2023, Gonzales Yep le dice a Villanueva Barreto en privado que ella se encargaría del testimonio de Rodríguez Menacho, pero a cambio requería “que beneficien a su pareja sentimental José Castillo Alva, quien estaba en calidad de investigado en por el primer despacho del Equipo Especial de Fiscales abocados a investigar el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, obrantes en la Carpeta Fiscal N° 09-2019.
Así se produjeron una serie de reuniones, fue en la quinta (también en marzo del 2023) que Gonzales Yep “les ofreció entregarles $60.000, ya que ellos eran el contacto directo con Liz Benavides, para la consecución de sus objetivos criminales, propuesta ilícita que fue aceptada por Girao y Villanueva”.
La primera entrega fue de $10.000, ambos asesores se repartieron el dinero en partes iguales. La entrega del dinero referido es perfectamente verificable, siendo que el 1 de abril del 2023, Jaime Villanueva depositó la suma de $4.000 a su cuenta de ahorros en dólares N° 0011-0791 0200279850 en una agencia del distrito de La Molina.
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Entre el 17 y el 20 de abril, se entregó $20.000 adicionales. En los primeros días de junio del 2023, se entregaron S/30.000 “como parte de los beneficios acordados”. En esta ocasión, no se repartieron el dinero porque Miguel Girao quería su parte en dólares, como habían acordado. Gonzales Yep le dijo que en los próximos días cumpliría con la entrega.
Poco después, $8.000 fueron entregados en un vehículo estacionados en el cruce de las avenidas Dos de Mayo y Laurales, en San Isidro. Jaime Villanueva fue el encargado de subir al vehículo, donde se encontró con José Luis Castillo Alva y Mirtha Cristina Gonzales Yep. El 21 de junio, se entregaron los $14.000 con los cuales se completó el monto acordado.
Conforme a lo dispuesto por Patricia Benavides, el fiscal adjunto provincial Max Alessandro Castro presentó su solicitud de rotación del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales abocados a investigar “Los Cuellos Blancos” al distrito fiscal de Lima Norte, concretándose parte del plan criminal.
“Posteriormente, con el fin de que Benavides disponga el cese en el cargo de Andy Junior Rodríguez, habría presionado a Jorge Luis Díaz Cabello, fiscal superior coordinador del Equipo Especial de “Los Cuellos Blancos, toda vez que la ex fiscal de la nación lo citó a su despacho y trató de persuadirlo que retire del equipo al fiscal Andy Rodríguez, señalándole que en las audiencias de prisión preventiva contra José Castillo Alva había advertido que el fiscal Andy Junior Rodríguez había actuado con deslealtad al haberla involucrado en la investigación del caso, sin embargo, Díaz negó dicha versión y no aceptó retirarlo del equipo al referido fiscal y con posterioridad a dicha reunión, el fiscal coordinador le comentó a Andy Rodríguez lo sucedido y le dijo que no se preocupe que él tenía su respaldo absoluto”, se lee en el documento.
Finalmente, Andy Rodríguez abrumado por los constantes hostigamientos no se opuso a que se dé por concluido su nombramiento como fiscal provincia tras anunciarse que se había creado un despacho vinculado a las Fiscalías de Ciberdelincuencia donde podía trabajar.
En los próximos días la Junta Nacional de Justicia deberá tomar una decisión respecto al informe final —elaborado por Inés Tello de Ñecco, en su calidad de ponente y miembro titular de la JNJ—, que recomienda que se le destituya de todo cargo y nombramiento en la institución por dos faltas graves cometidas entre los meses de julio y septiembre de 2022.
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Debido a su condición de investigadora y acusadora, Inés Tello no podrá votar. De igual manera, la consejera María Zavala Valladares tampoco tendrá derecho a voto al haberse inhibido en el 2022 ante cualquier proceso que involucre a Patricia Benavides.
En cuanto a la decisión, la JNJ informará su decisión en los siguientes días, pero trascendió que la resolución saldría antes del jueves 25 de abril. En los próximos días se podrá conocer si Patricia Benavides queda suspendida como fiscal suprema, lo cual la dejará sin posibilidad de retomar el cargo de fiscal de la Nación el 7 de junio de 2024, fecha en la que se cumple su destitución de 6 meses.
Finalmente, la suspensión de Benavides Vargas está relacionada con las acusaciones de presunto favorecimiento hacia su hermana Emma Benavides, no se centra en las investigaciones sobre su supuesta participación en el liderazgo de una organización criminal.