La mañana de ayer martes 23 de abril, agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con miembros del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Efficop), llevaron a cabo el operativo Valkiria XI. Este operativo apunta a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como la líder de una presunta red criminal.
Durante la intervención, 21 inmuebles fueron allanados y siete personas fueron detenidas de manera preliminar —todas ellas vinculadas a la extitular del Ministerio Público—, a través de una orden judicial que contempla el allanamiento, descerraje, registro domiciliario e incautación de bien inmueble y bienes muebles, como joyas, dinero, dispositivos, equipos informáticos, etc.
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Entre los intervenidos como parte del operativo Valkiria XI, se encuentran dos asesores de Benavides. Ellos son acusados del presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias.
De acuerdo con la tesis fiscal, se especifican 16 presuntos hechos ilícitos en agravio del Estado peruano cometidos por los detenidos de manera preliminar.
En el caso de Miguel Ángel Girao, junto con Jaime Villanueva y Patricia Benavides, se habrían coludido para concluir el nombramiento de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provincial transitoria y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a fin de favorecer a Enma Benavides mediante un requerimiento de sobreseimiento.
Girao es acusado también de negociar con el congresista José María Balcázar para interceder ante la fiscal Carmen Miranda, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque y lograr el sobreseimiento de una investigación seguida contra el legislador, a cambio de votar en contra de la demanda de denuncia constitucional de la suspendida fiscal de la Nación.
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En tanto, Rodríguez Menacho, la empresaria Gonzáles Yep y, nuevamente, Girao estarían involucrados en la designación de fiscales adjuntos provinciales en el Equipo Especial a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto para favorecer al abogado Castillo Alva, investigado por el presunto delito de organización criminal.
Por su parte, el empresario Valer Enciso estaría involucrado en coordinaciones para direccionar una licitación pública para la implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público - Fiscalía de Nación por más de 140.000 millones de soles. Valer Enciso habría comunicado al asesor de Benavides que, para cualquier proceso de contratación con el Ministerio Público, él contaba con amigos a quienes se les podía otorgar la buena pro. Tras los ofrecimientos, Girao se reunió con Palomino Quesada, gerente central de la Oficina General de Logística del Ministerio Público.