Fiscalía realiza diligencia en oficina de Darwin Espinoza tras usar fondos del Congreso
El congresista de Acción Popular utilizó material logístico del Parlamento e hizo que sus trabajadores recolectaran firmas para su agrupación política.
La Fiscalía y la Diviac realizó una diligencia la oficina del congresista de Acción Popular Darwin Espinoza, luego de que se descubriera que el parlamentario usara fondos del Legislativo para crear su propio partido.
La diligencias que se realizan en la oficina que se ubica en el jirón Huallaga se da en el marco de los excesos que cometió Darwin Espinoza en el Congreso. De acuerdo a la información que reveló Punto Final, el parlamentario obligaba a su personal a recoger firmas para formar su partido político 'Adelante Áncash'.
También se aprovechaba del material logístico del Legislativo para beneficiarse. Sobre ello, uso una impresora para imprimir fichas de afiliación, además de realizar un requerimiento de 10 millares de papel bond.
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“El congresista nos reunió y dijo que teníamos que apoyar en este proyecto político, porque al final también seremos beneficiados nosotros”, señala un testimonio de un extrabajador, quien precisó que la búsqueda de firmas comenzó aproximadamente en enero.
Darwin Espinoza: piden inicio de investigación y Acción Popular busca expulsarlo
Tras la denuncia, la Procuraduría General del Estado pidió al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, iniciar investigación contra el congresista por los delitos de concusión y peculado de uso.
El partido de Acción Popular no fue ajeno a esta nueva denuncia contra Darwin Espinoza y actuó con un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsar al legislador.
Darwin Espinoza habría cometido delitos de peculado de uso y coacción
En conversación con La República, el abogado penalista Benji Espinoza señaló que el congresista Darwin Espinoza habría cometido delitos de peculado de uso y coacción
"La conducta de Darwin Espinoza nos remonta al artículo 388 Código Penal, que regula el peculado de uso 'es aquel que se configura cuando el funcionario o servidor público, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda'. Por esto podría recibir de 2 a 4 años de prisión efectiva", dijo Espinoza.