Se complica la situación procesal de Dina Boluarte
Patrimonio sospechoso. El allanamiento al domicilio en Surquillo y a la residencia presidencial se ha dado dentro del marco legal, señalaron especialistas. El caso de Pedro Castillo dejó como antecedente la posibilidad de iniciar investigaciones preliminares a mandatarios en ejercicio.
Los allanamientos a la casa particular de la presidenta Dina Boluarte y a su residencia en Palacio de Gobierno han estado conforme a la ley y se justifican en la medida en que la mandataria no explicó el origen de los relojes marca Rolex y otras joyas de alto valor que ha estado usando en actividades públicas. Así lo estimaron especialistas consultados por La República.
El exprocurador anticorrupción Yván Montoya señaló que existen sospechas de adquisiciones de bienes de alto valor no registrados en las declaraciones juradas y que denotarían un incremento patrimonial no justificado; sobre esa base, se decidió pedir el allanamiento para saber si aquellos bienes han llegado a parar al patrimonio de Boluarte de manera lícita o irregularmente, señaló.
Para Montoya, la declaración que tenga que dar Boluarte el viernes será decisiva.
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“Y en ese momento ella puede esgrimir facturas, recibos, o señalar a la persona que se los entregó. Si no logra explicarlo, la Fiscalía podrá avanzar con más diligencias”, señaló.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción César Azabache comentó que el allanamiento “está justificado” porque Boluarte, en lugar de ofrecer explicaciones, buscó aplazar las diligencias.
“Estas diligencias se refieren al caso de los relojes, pero desde la semana pasada hay información sobre cuentas, me refiero a lo de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando era ministra y vicepresidenta. No quito importancia a las investigaciones sobre los Rolex, porque hay deberes de declaraciones que no se han respetado, pero lo de las cuentas bancarias parece algo más simple de probar. Hay también un desafío importante en no perder la perspectiva del tiempo para organizar casos consistentes con plazos razonables”, señaló.
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Asimismo, la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez indicó que la resolución que dio luz verde a los allanamientos tiene un precedente en el caso de Pedro Castillo.
Ramírez explicó que el juez Juan Carlos Checkley argumentó en su resolución que cuando se pidió la investigación preliminar de Castillo, la Corte Suprema ratificó que se podía llevar adelante una investigación preliminar, incluyendo diligencias por la fuerza, si es que la persona involucrada no colabora.
“El caso de Castillo marcó un punto de inflexión”, añadió.
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Ramírez también sostuvo que el juez Checkley autorizó el allanamiento porque el gerente de la casa Banchero explicó, en una declaración, que la trazabilidad de los relojes Roles exige su inspección física.
“Ha sido un allanamiento legal. El Ministerio Público puede hacer un montón de pedidos, pero es el juzgado el que hace un análisis y decide si es constitucional. No aceptó por ejemplo el pedido de levantamiento de comunicaciones”, declaró.
Una mala estrategia desde lo legal
El exprocurador César Azabache señaló que el caso de las joyas de la presidenta Dina Boluarte se vuelve “cada vez más importante” en tanto su defensa “no sabe qué hacer o cómo explicar los hechos”, lo que ha creado situaciones que llevaron al allanamiento “con una comba incluida”.
Boluarte justifica no dar explicaciones públicas sobre sus joyas alegando que su abogado le ha recomendado hacerlo ante la Fiscalía. Para el exprocurador Yván Montoya eso no tiene sentido: “La investigación siempre es reservada respecto de terceros, no de la propia parte. Ella podría explicar si quisiera, no hay ningún impedimento expreso”.
La clave
Evaluación. “La Fiscalía tiene la potestad de pedir el allanamiento al juez, pero el juez no lo otorga alegremente: tiene que evidenciar que hay sospechas razonables o mínimas que hacen necesaria este tipo de diligencia para que no se pierdan evidencias”, explicó Yván Montoya.