El futuro de la administración judicial, la lucha contra el delito y del sistema electoral en el Perú está en riesgo con los preparativos de golpe que escalan en el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que nombra, ratifica, sanciona y destituye a los jueces, fiscales y jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Para este jueves 7, el Parlamento programó su sesión de pleno para debatir el informe de su Comisión Permanente sobre la JNJ. En este documento se recomienda destituir a los miembros de la Junta alegando que cometieron falta grave al mantener a su integrante Inés Tello tras superar los 75 años de edad.
Si el Poder Legislativo remueve a los miembros de la JNJ, afectaría procesos claves de los sistemas de justicia y electoral. La Junta se quedaría sin quorum y ya no podría funcionar.
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De este modo, el Congreso paralizaría el procedimiento de evaluación y ratificación de las cabezas de la ONPE y el Reniec, entidades medulares del sistema electoral. A esto se suma la arremetida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que apunta a cambiar a su presidente. En el horizonte están las siguientes elecciones generales del 2026.
Elecciones. Corvetto, por acabar mandato. Salas, hostigado. Foto: composición La República
Los mandatos de los actuales jefes de ONPE, Piero Corvetto, y Reniec, Carmen Velarde, deben acabar a fines de agosto. Ambos han manifestado su voluntad de ser evaluados para permanecer en el cargo. A fines de mayo, se debe saber si alguno o los dos son ratificados. Si uno o ambos no son ratificados, la JNJ debe convocar un concurso público a inicios de junio, proceso que termina antes del 31 de agosto.
“Al bloquear a la Junta Nacional de Justicia o virtualmente aniquilarla o eliminarla, porque no tendría quorum ya para operar, la consecuencia es inmediata: es un vacío respecto de quién toma la decisión ahora sobre ONPE y Reniec. ¿El Congreso la va a tomar? (...) Podrían decir: ‘como ya no hay Junta y tardará mucho en que se reconstituya, saquemos una norma para que quede encargado (...) quien puede ser más afín”, advirtió el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, en la web La Mula.
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“Hay afectación a instituciones democráticas que son vitales y que no pueden estar bajo ningún punto de vista sometidas al poder político”, añadió.
Con el golpe a la JNJ, se paralizarían 159 procedimientos disciplinarios, entre ellos 10 contra magistrados supremos, y 36 en reconsideración, según reporte oficial. También quedarían congeladas 55 investigaciones preliminares y 3 en reconsideración. Adicionalmente, hay 677 denuncias ciudadanas pendientes y 43 en reconsideración.
Vane. Benavides sería favorecida si cae la actual JNJ. Foto: difusión
Además, hay 26 magistrados condenados de manera firme por haber cometido delito doloso que están en proceso de destitución en la JNJ. Otros 6 están en reconsideración. Si el Parlamento descabeza la Junta, estos expedientes quedarían paralizados y malos integrantes del sistema de justicia seguirían.
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La suspendida fiscal Patricia Benavides, actualmente investigada por la JNJ por graves casos, resultaría beneficiada por una remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Benavides tiene un proceso disciplinario inmediato por su actuación contra la Operación Valkiria V, que desmontó su red en la entonces cúpula del Ministerio Público, caso que llega a implicar a congresistas. El operativo fue desplegado por el equipo especial de fiscales que ella misma dispuso formar para casos de las altas autoridades.
Además, Benavides enfrenta en la Junta un proceso disciplinario ordinario por haber removido a fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, imputada de liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, y a fiscales del megacaso de corrupción Lava Jato. Todo eso implica un golpe cada vez más cerca de definirse.