Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, se entregó a las autoridades

El sobrino que sabría todo. Fray Vásquez Castillo, prófugo de la justicia desde el 28 de marzo del 2022, se entregó a las autoridades, según pudo conocer La República, en el puente internacional de Desaguadero en la región Puno, pasadas las 10 de la noche del domingo último.

La entrega se produjo un día después de que el expresidente Pedro Castillo, desde el penal de Barbadillo, invocara a los procesados de su gobierno que se encuentran en la clandestinidad a entregarse para llegar a la verdad.

“Después de más de un año de sufrir un encarcelamiento abusivo, no han logrado demostrar las imputaciones en mi contra (…..) Por ello, pido a aquellos que se encuentran en la clandestinidad que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público, porque la verdad nos hará libres”, escribió Castillo.

PUEDES VER: Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, se entregó a la justicia: Poder Judicial realiza audiencia

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, informó que Vásquez se entregó luego de varios meses de contactos y negociaciones con el Equipo especial de fiscales y policías contra la corrupción en el poder.

“El equipo especial a cargo del coronel Colchado, que está en constante coordinación con la fiscal, fue el encargado de la negociación. Ha habido una coordinación entre Fray Vásquez y Harvey Colchado para la entrega. Pero todo el movimiento legal para poder aceptarlo lo hace el Ministerio Público”, explicó Zanabria.

Anotó que desde hace unos seis o siete meses la Policía lo tenía cercado, lo que obligaba al prófugo a cambiar constantemente de ubicación, por lo que se vio en la necesidad de negociar su entrega.

PUEDES VER: Aprueban recomendación para suspender por 120 días a congresista Lizarzaburu por comentarios sexistas

Decisión personal

Por su parte, el abogado de Fray Vásquez –apersonado a los procesos judiciales–, Iván Ramírez, declaró que la entrega fue una decisión personal y no obedece a una estrategia legal. “Es una decisión personal que no tiene ningún tipo de coordinación estratégica a nivel legal. Yo en ningún momento le recomendé que se entregue, ante una justicia que está totalmente politizada”, enfatizó.

Ramírez subrayó que “antes de que la señorita Marita Barreto fuera retirada del cargo de coordinadora del equipo especial, ya hubo una propuesta por parte del señor Colchado para que se entregue.

“Sin embargo, esto no prosperó porque le dije que no era posible y que menos se someta a una colaboración eficaz que a estas alturas ya no va a funcionar”, enfatizó el abogado.

PUEDES VER: Vladimiro Montesinos: ¿cuáles son los beneficios al someterse a la conclusión anticipada por caso Pativilca?

En abril del 2023, en una entrevista con el programa dominical ‘Cuarto poder’, Fray Vásquez afirmó que había tenido acercamientos con la Fiscalía para ver un posible entendimiento, pero hasta que no se respete el debido proceso, se mantendría en la sombra.

“Hay muchos personajes que han sido o vienen aspirando a una colaboración eficaz, pero, lamentablemente, no lo están diciendo todo. Están diciendo lo que les conviene, nada más, y, en ese sentido, pues yo estoy dispuesto a dar mis declaraciones ante la Fiscalía, aunque solamente le he pedido que se respete el debido proceso, y en eso estamos”, manifestó Vásquez Castillo.

En ese momento, el sobrino del expresidente Castillo negó haber tenido participación en actos ilícitos. “Se ha venido diciendo que yo sería el brazo operativo y de confianza para actos ilícitos por parte del expresidente Pedro Castillo, lo cual rechazo rotundamente. No hay hasta el momento una prueba contundente que me vincule con esos dichos”, afirmó.

PUEDES VER: Magaly Ruiz: informe final plantea blindarla de denuncia constitucional por recortar sueldos

Los cargos

Fray Vásquez Castillo pasó a la clandestinidad el 28 de marzo del 2022. La Fiscalía lo acusa de ser el presunto brazo operativo del expresidente Pedro Castillo para la adjudicación de obras públicas en provincias, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cambio de apoyo político o pago de coimas.

Bajo esa premisa, el juez de investigación preparatoria Víctor Zuyo Zavaleta dictó 24 meses de prisión preventiva en su contra por presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias, en el caso conocido como Puente Tarata III.

La orden de detención inicial también incluyó a su primo, Gian Franco Castillo Gómez, al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde. Posteriormente, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte de Lima revocó la detención y concedió comparecencia restringida a Castillo Gómez.

PUEDES VER: Miembros de la comunidad awajún son atacados en zona minera de la frontera con Ecuador

Bruno Pacheco se entregó en julio del 2022, y meses después fue puesto en libertad, al iniciar un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía. Lo mismo sucedió con Villaverde, tras ofrecer información que incriminaría al expresidente Pedro Castillo.

Audiencia

Tras su entrega en Desaguadero, Fray Vásquez fue trasladado a Lima en un avión de la Policía Nacional y por la tarde pasó por reconocimiento médico legal y control de identidad ante el Juzgado de Investigación Preparatoria.

El sobrino del expresidente Castillo continuará recluido en las dependencias de la Policía contra la corrupción para los primeros interrogatorios por parte de la Fiscalía.

PUEDES VER: Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti sufren persecución y acoso

Luego pasaría a un penal para cumplir los 24 meses de prisión preventiva que pesan en su contra. Podría salir antes si llega a un acuerdo de colaboración eficaz, lo que implicaría reconocer los delitos y entregar información verificable sobre la participación en actos ilícitos de su tío, el expresidente Pedro Castillo. Es lo que correspondería, según los cargos que le atribuyen. 

Ministro

Transportes. El exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno del expresidente Pedro Castillo Juan Silva Villegas permanece prófugo de la justicia desde junio del 2022. Se le atribuye haber recibido pagos ilícitos para adjudicar contratos de construcción.