UAP sustentó ante Sala Penal de Apelaciones anulación de incautación de 37 inmuebles

La defensa de la nueva gestión de la Universidad Alas Peruanas sustentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional la presunta ilegalidad de la decisión del juez Víctor Zúñiga Urday: convalidar la incautación de los inmuebles del centro de estudios. Esta se produjo el 11 de abril de este año, cuando el plazo máximo para ejecutar la medida por el fiscal Wilson Salazar Reque vencía el 5 de abril.

El 14 de marzo, el juez Víctor Zúñiga emitió la Resolución N.º 5, notificada el 21 de marzo, por la cual autorizó al fiscal Wilson Salazar Reque para que, en un plazo de dos semanas, según lo que establece la norma, cumpliera con la incautación de los bienes de la UAP. Este plazo vencía el 5 de abril; sin embargo, Salazar ejecutó la medida cuando el mandato judicial se encontraba vencido.

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Bajo el argumento de que el fiscal Wilson Salazar había procedido a la incautación de 34 inmuebles, 7 avionetas y un simulador de vuelo en fecha extemporánea, al día siguiente de los hechos, la defensa de la UAP solicitó al magistrado Víctor Zúñiga la anulación de todo lo actuado.

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No obstante, mediante resolución N.º 8 del 13 de abril, el juez Zúñiga corrigió y aclaró su propio mandato para convalidar la actuación del fiscal Wilson Salazar, alegando que se había cometido un “error material”. Pero el cambio realizado modificaba por completo la decisión inicial y no contaba con un sustento jurídico, por lo que ahora validaba lo que negó, haciendo una aplicación indebida de la norma, pues no existía una justificación legal para suspender la ejecución de la incautación cautelar.

El abogado Carlos Caro Coria, durante la argumentación del caso ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, reiteró que la incautación que ejecutó el fiscal Wilson Salazar Reque no es legal porque se cumplió luego de vencido el plazo.

“La incautación se produjo cuando la medida ya estaba caduca. Luego que pedimos que se anulara todo porque la acción se produjo de manera extemporánea, el juez Víctor Zúñiga respondió que había dado más plazo cuando en realidad no fue así. Estamos hablando solo por los bienes de la Universidad Alas Peruanas”, explicó Carlos Caro.

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“Para nosotros es un hecho absolutamente ilegal, porque la norma señala que el plazo para una incautación es de 14 días, dos semanas. Y ese plazo ya había expirado, porque la resolución fue remitida el 21 de marzo. Entonces, cuando la medida se cumplió el 11 de abril, ya estaba completamente fuera de plazo”, señaló Caro.

El abogado relató que, al día siguiente de la incautación, la defensa técnica de la UAP envió el escrito al juez Víctor Zúñiga Urday, en el cual le hizo notar que el fiscal Wilson Salazar había ejecutado la medida con una resolución caduca, solicitando el cese de la incautación. “Pero en lugar de que ordenara el cese de la incautación, emitió una nueva resolución parchando y convalidando lo que no dice la ley. La ley indica que el plazo es de dos semanas. La incautación se produjo de manera extemporánea”, indicó Carlos Caro.

“La universidad aquí solo busca que se haga justicia y, de esta manera, lograr recuperar sus bienes porque tiene a miles de alumnos que necesitan concluir sus estudios hasta 2025. Ellos son los más perjudicados”, apuntó el abogado.