Por: María Morales Isla. LR Data
Perú Libre tiene en la mira a los gobiernos regionales. Para estas elecciones 2022, busca ocupar 23 de las 25 regiones del país; sin embargo, entre sus filas lleva a candidatos sentenciados o acusados por corrupción, violencia sexual, peculado y de no brindar información financiera sobre sus campañas.
El partido que ganó las elecciones presidenciales el 2021 presenta 48 postulantes a gobernadores y vicegobernadores regionales, quienes están agrupados en listas únicas —excepto en Lima, donde figuran dos candidaturas—. Para este informe se consideró la lista de precandidatos, debido a que la oficial se publicará en agosto.
En Áncash, el aspirante a vicegobernador Virgilio Leopoldo Huerta Jara fue sentenciado por peculado en 2002. Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sancionó a Huerta por no brindar información sobre el financiamiento de su campaña. Él acompaña la candidatura de Ana María Rueda López, quien se afilió este año, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.
Una situación similar se presenta en Apurímac, donde Ynocencio Willer Taipe Huamaní aspira a ser del Gobierno regional, aunque tuvo un proceso por omisión a la asistencia familiar. Pero otra de las críticas hacia Taipe surge por su puesto como vicegobernador durante el periodo de David Salazar Morote, exgobernador de la región sentenciado a 3 años por irregularidades en la obra de saneamiento y desagüe en Ongoy, en 2009. En ese suceso estuvo involucrada Nelly Callalli Caytuiro, quien —de acuerdo con el medio regional Radio Titanka— es esposa de Taipe Huamaní.
Pero sus vínculos no terminan allí. Su hermano Anastacio Taipe Huamaní ha sido procesado por delito de peculado, con prisión suspendida de 3 años. En tanto, Jacinto Taipe Huamaní, su otro hermano, figura como candidato para el municipio de Aymaraes. Ellos son tíos de la actual congresista de Perú Libre Elizabeth Taipe Coronado.
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En ese panorama, Jorge Jáuregui, especialista en materia electoral, resalta que los dueños de las organizaciones políticas deciden la oferta electoral y no necesariamente está regida por una lógica democrática, motivo por el que existen listas integradas por amigos o familiares. “Si hablamos de un partido así, estamos observando organizaciones con un poder centralizado, caudillista, como si fueran empresas”, acota.
Del mismo modo, José Tello, presidente del Instituto de Derecho Electoral, enfatiza en que los partidos o movimientos regionales manejan y califican a sus candidatos, debido a que la intervención del Jurado Electoral Especial se realiza después de las internas. “No merecemos candidatos así”, agrega.
Existen otros delitos que rodean a los candidatos de Perú Libre. El postulante al Gobierno Regional de Arequipa Vladimir Huaranca fue denunciado por encubrir la violencia sexual que sufrió una miembro del partido. El hecho ocurrió presuntamente en la fiesta de cumpleaños del mencionado y aún está en investigación.
Vladimir Huaranca. Candidato al Gobierno Regional de Arequipa. Fue denunciado por encubrir la violencia sexual que sufrió una miembro del partido. Foto: difusión
Por otro lado, en Ayacucho, Rosa María Muñoz Pizarro lleva como vicegobernador a Julián Huamaní Flores, acusado de negligencia administrativa en el desempeño de sus funciones como director del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider).
En Cajamarca, la fórmula electoral es liderada por Jorge Ramón Spelucín Aliaga, quien estuvo detenido en el penal de Huacariz en 2015 tras ser juzgado con una prisión preventiva de 6 meses. Spelucín fue acusado de usurpación agravada y desobediencia a la autoridad en paros indefinidos.
En Huancavelica, la candidata Herlinda Betzabe Almidón Romero fue procesada por el Gobierno regional por la presunta comisión del delito de peculado. Ella, junto con otros directores educativos, debía ejecutar los gastos de mantenimiento de las instituciones públicas; sin embargo, no realizó dicha acción ni tampoco rindió información sobre los gastos.
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En Lima existen dos listas. La primera está conformada por Mariela Prado Linares, quien no cuenta con historial partidario ni penal, y Víctor Vilca Uribe, condenado a 2 años de prisión por difamación. La segunda incluye a Jorge Andrade Julca, sentenciado por delitos contra el patrimonio. Él está acompañado de Ysabel Cabrel Nonato, afiliada este año y sin antecedentes judiciales.
Jáuregui aclara que la norma no prohíbe sus candidaturas debido a la presunción de inocencia. No obstante, su presencia evidencia la falta de idoneidad y democracia al no optar por candidatos sin antecedentes penales o judiciales.
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Vladimir Cerrón
Existe un grupo de candidatos que, si bien no cuenta con sentencias, ha sido criticado por ciertas irregularidades en la ocupación de cargos públicos.
En Huancavelica, el aspirante a vicegobernador Ángel Chancha Cabrera ya se desempeñó en el puesto de alcalde en 1995 y de director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región. En este último obtuvo una sanción y un cese temporal por vulnerar el principio de lealtad y obediencia, luego de que no acatara dos resoluciones emitidas por el gerente regional de Huancavelica, con las cuales el Gobierno regional cambiaba a dos funcionarios de la UGEL.
En Huánuco, la docente Mercedes Ramos Villanueva fue denunciada en 2019 por los padres de familia por no asistir a clases durante un mes. Ellos señalaron que la entonces maestra priorizó realizar su campaña política. A ella la acompaña Harry Falcón Mallqui, sancionado por el JNE tras no brindar información financiera acerca de su campaña. Del mismo modo, Yeni Prado Cucho, candidata al Gobierno de Ica, fue sancionada por el JNE por no indicar el financiamiento de su postulación.
Los especialistas coinciden también en la importancia de brindar información sobre los financiamientos de campaña, ya que define el escenario político. “En estas elecciones, por la forma que ha establecido el Congreso, vamos a ver que se van a reproducir gobernadores con tramas de corrupción”, sostiene Jáuregui.
Para el Gobierno de La Libertad, Perú Libre presenta a Adolfo Valverde Calipuy, quien estuvo a favor de ampliar la ley de formalización minera, la misma que fue cuestionada por favorecer la minería ilegal. Incluso se reunió un grupo de congresistas para promoverla.
Entre los aspirantes también figuran opositores de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Uno de ellos es Saúl Sánchez Santos, de Cusco, quien solicitó la expulsión del presidente y de la vicepresidenta por no seguir el programa de Vladimir Cerrón. Del mismo modo, en Lambayeque, Humberto Heredia Morales pidió al mandatario que renuncie a su militancia.
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No obstante, hay dos postulantes que buscaron ocupar cargos públicos en la gestión de Pedro Castillo. Este es el caso de Julio Adolfo Iruri Dávila y Natalia Jiménez Velásquez, candidatos de Puno y Tumbes, respectivamente. Iruri Dávila envió una carta al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, en la cual se propuso para el viceministerio de la cartera. Por su parte, Jiménez Velásquez fue designada directora de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero fue cesada por no cumplir con la experiencia solicitada.
Julio Iruri Dávila. Candidato al Gobierno Regional de Puno. Se propuso a sí mismo para el puesto de viceministro de Vivienda por medio de una carta enviada al titular de la cartera. Foto: difusión
Con una oferta electoral escasa, Jáuregui enfatiza en la necesidad de mejorar el sistema electoral, el mismo que es diseñado a medida del Congreso con las contrarreformas aprobadas. Además, alega que el mecanismo de las elecciones internas se vio afectado tras la suspensión de las primarias.
Natalia Jiménez Velásquez. Candidata al Gobierno Regional de Tumbes. Fue designada en Provías Descentralizado del MTC, pese a no cumplir con el perfil. Posteriormente fue despedida tras denuncia de la Contraloría. Foto: difusión
La cuna de Perú Libre no escapa de las acusaciones. En Junín, el gobernador regional Fernando Pool Orihuela Rojas, que ocupó el puesto tras la condena que recibió Vladimir Cerrón, busca quedarse. Según la Fiscalía de Lavado, Orihuela presenta más de 10 investigaciones por delitos contra la administración pública, entre ellos por el caso La Gran Familia, antecedente de ‘Los Dinámicos del Centro’. Según las investigaciones fiscales, durante su gestión junto con Cerrón se favoreció con contrataciones por más de 5,2 millones a empresas proveedoras que serían miembros de la familia de Orihuela. El hecho presuntamente ocurrió en 2019. La hipótesis fiscal señala también que el dinero se destinaba al partido Perú Libre.
Fernando Pool Orihuela Rojas. Candidato al Gobierno Regional de Junín. Cuenta con más de 10 investigaciones contra la administración pública. Según investigación fiscal, junto con Cerrón, Orihuela presuntamente benefició a su familia en contrataciones por 5,2 millones. Busca continuar en el cargo de gobernador. Foto: difusión
Candidatos por Lima. Las dos listas que competían por Lima incluían a sentenciados en la gobernación y vicegobernación. Uno de ellos era el aspirante Víctor Vilca Uribe, condenado a 2 años de prisión por difamación. La segunda lista llevaba a Jorge Andrade Julca, sentenciado por delito contra el patrimonio.
Infografía-La República.
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