Caso Inti y Bryan: informe de Alejandro Cavero encubre a Manuel Merino

El informe del congresista de Avanza País Alejandro Cavero blinda al expresidente de facto Manuel Merino, al ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz y al exministro del Interior Gastón Rodríguez de ser investigados por los delitos de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida el 14 de noviembre del 2020, debido a la represión que hubo en las protestas contra el golpe de Estado de Merino y sus aliados del Congreso.

El expediente que los deja impunes será votado hoy a las 11 de la mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) y es inminente que contará con el aval de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular. En este caso, el fujimorismo, sus aliados y los acciopopulistas vienen jugando en pared para que Merino salga airoso.

De aprobarse, será la Comisión Permanente y luego el Pleno del Congreso quienes resuelvan la procedencia del caso. Si recibe luz verde en esas instancias -lo que es probable-, el Ministerio Público quedará atado de manos para continuar las pesquisas contra Merino y sus exministros, pues el expediente de Cavero recomienda archivar la denuncia constitucional por homicidio de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contras estos tres exaltos funcionarios.

Los argumentos

El expediente de Cavero sostiene que en el operativo del 14 de noviembre “la autonomía de la PNP hace que dichos planes no requieran colaboración, el permiso ni el conocimiento del ministro del Interior, del presidente de la República o ministros de otras carteras”.

Curiosamente, reconoce que “las muertes de Inti y Bryan fueron producto de heridas causadas por perdigones de plomo en diversas partes del cuerpo, según los certificados de defunción y necropsia”. Sin embargo, para defender a Merino, insiste en que “se ha determinado, secundado por las diligencias del Ministerio Público, que realizó las inspecciones pertinentes a los almacenes de la PNP y las declaraciones de algunos testigos en las audiencias realizadas por la SAC, que la Policía no usa ni tiene a su disposición perdigones de plomo”.

De esta manera, minimiza las responsabilidades de Merino, Ántero Flores-Áraoz y su exministro del Interior Gastón Rodríguez, quien por entonces era el jefe de las fuerzas policiales.

Asimismo, Cavero busca cerrar filas para que las indagaciones no toquen a estos ex altos funcionarios. “No existe evidencia que demuestre que las órdenes impartidas a los efectivos de la Policía hayan sido de actuar con una fuerza excesiva ni de reprimir a los manifestantes de manera desproporcionada. De haber existido excesos, estos serían casos aislados de quienes optaron por quebrantar la ley y que, por ende, deben ser juzgados y condenados en su debida instancia”, persiste en su oficio.

Desestimaron las pruebas

Cuando la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos formuló esta imputación alegó que el presidente y sus dos ministros, por los deberes que sus cargos implican, debieron saber qué estaba sucediendo y actuar para atenuar el riesgo de una situación de violación de derechos humanos. Sin embargo, no lo hicieron.

Pese a ello, Cavero minimiza esto, al punto de excusarlos por haber desconocido los detalles del operativo y la violencia propalada en las calles.

La hermana de Inti Sotelo protestó contra dicho dictamen. “A nosotros como familia nos genera mucha cólera, impotencia y te bajonea lo que uno viene persiguiendo diariamente desde que asesinaron a mi mellizo hace 16 meses”, protestó Killa Sotelo desde Twitter.

“Nosotros tenemos evidencias, hechos, videos, imágenes de lo que se está denunciando”, añadió.

CNDDHH se opone a este blindaje

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) criticó el expediente del congresista Alejandro Cavero, que protege a Manuel Merino y sus exministros. “¡No al blindaje! Cavero niega participación de Merino y sus ministros en el 14 de noviembre, pese a que respaldaron públicamente el accionar violento de la Policía. Incluso, niega el uso de perdigones, plomo y canicas, pese a evidencias. El Congreso nuevamente violenta a los jóvenes y a todo el país. La impunidad es perpetuar la violencia”, tuiteó la CNDDHH.