La “desaparición” del exministro Juan Silva Villegas sorprendió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Los agentes de la Policía que participan en la investigación de los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le habían asegurado que Silva estaba bajo vigilancia y se conocía su ubicación.
Pero eso no fue correcto. Suele pasar que un investigado evade una orden de detención por precavido, pues al saber que lo investigan no duerme en el mismo sitio dos noches seguidas; por casualidad, un hecho fortuito lo hace cambiar de ubicación intempestivamente; o recibe un soplo, alguien le avisa que van a buscarlo y se esconde.
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Por eso, una medida de detención no se decide de un momento a otro. Los fiscales coordinan con la Policía el lugar, el día y la hora para intervenir.
Además, una detención preliminar siempre va acompañada de un allanamiento y los jueces exigen verificar que el inmueble a intervenir sea el correcto.
Por este motivo, previsoriamente, el 27 de mayo, Sánchez solicitó a la Policia, a través de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado que se realicen labores de seguimiento y videovigilancia al exministro.
Ese día, el extitular del MTC acudió a declarar al despacho del fiscal de la Nación. Allí permaneció desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. La medida de videovigilancia debió empezar desde la salida de Silva de la sede del Ministerio Público.
Sin embargo, de acuerdo con la Policía Nacional, esa disposición recién se recibió un minuto antes de las 23.00 horas y por eso ya no pudieron ubicarlo.
Lo extraño es que, para ese día, Silva aún recibía la protección que Seguridad del Estado les brinda a los exministros en sus domicilios y en sus desplazamientos.
Juan Silva recién solicitó el lunes, 6 de junio, que por motivos personales le retiren la seguridad policial. Si Silva ya no era ubicado desde el 27 de mayo, ¿a quién brindó protección Seguridad del Estado hasta el 6 de junio?
Pablo Sánchez. Foto: Aldair Mejía.
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En tanto, dos días antes del 27 de mayo, la Fiscalía solicitó al juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, la medida de impedimento de salida del país de Juan Silva y los congresistas de Acción Popular conocidos como “Los Niños”.
La audiencia se programó y realizó el jueves 2 de junio y el juez Checkley emitió y notificó su decisión el sábado 4 de junio. Esa decisión sí ingresó al sistema policial y la Dirección de Migraciones de inmediato para evitar su salida del país por los canales oficiales.
Ese mismo día, el fiscal de la Nación recibió un nuevo informe de la fiscal provincial Karla Zecenarro: la transcripción de los audios donde Zamir Villaverde habla de la entrega de 100 mil dólares.
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Ante esta nueva información, el fiscal solicitó de inmediato y de manera urgente al juez Checkley una orden de detención preliminar por el plazo de 15 días, adjuntando los datos de su ubicación proporcionados por la Policía.
Dada la gravedad de los hechos, el juez concedió la detención preliminar y notificó la decisión a la Fiscalía, en sobre cerrado.
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De inmediato, el despacho del fiscal de la Nación coordinó con los oficiales de la mencionada división policial de investigación de corrupción en crimen organizado para proceder a la detención de Silva.
La orden judicial no ingresa al sistema de inmediato para evitar filtraciones. Hasta ese momento, la medida era conocida por el juez y su personal, el fiscal y su personal y los policías que debían proceder a detenerlo.
Corrupción. Los contratos de obras públicas en el MTC eran adjudicados previo pago de coimas y acuerdos ilícitos. Foto: difusión
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El fiscal de la Nación esperó una respuesta que nunca llegó. Esperó hasta el martes 7 de junio. Juan Silva, como señala su abogado, decidió ponerse a buen recaudo, esconderse.
Lo que ahora será materia de investigación es averiguar si decidió esconderse luego de salir de la Fiscalía por precaución o por un soplo.
Ese decir, señalan las fuentes, el tenor de las preguntas durante el interrogatorio le hizo ver que ya estaban por llegar a los audios y decidió esconderse al salir de la Fiscalía. O lo que, ahora parece alto probable, alguien le avisó que iban a detenerlo y se ocultó desde el mismo sábado 4 de junio.
Para aclarar este asunto, el fiscal de la Nación le pidió a la Policía un informe en detalle de las acciones realizadas desde el 27 de mayo para mantener vigilado y bajo control a Juan Silva.
El informe deberá indicar las acciones realizadas y los nombres y grados de todos los oficiales responsables y las unidades policiales que estaban implicados en la disposición de videovigilancia.
Con base en esa información, Sánchez Velarde decidirá si es necesario disponer que una fiscalía provincial realice una investigación para aclarar el papel de la Policía en la fuga de Silva Villegas.
Giro. Silva pasó de exministro de Castillo a ‘Los más buscados’. Foto: difusión
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Al ser evidente que la división especializada no logró ubicarlo, el martes 7 de junio, la Fiscalía le solicitó al Poder Judicial que oficie a la Policía la búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional del exministro Silva Villegas.
Por eso es que recién ese día la orden de detención ingresa al sistema de requisitorias. La necesidad de mantener la medida bajo reserva ya no tenía sentido.
Hoy, Silva es buscado por todas las dependencias de la Policía en todo el Perú y se mantienen alerta en todas las fronteras.
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La defensa del presidente Pedro Castillo, a cargo del abogado Benji Espinoza, está evaluando si el mandatario acudirá a declarar el lunes 13 de junio, de acuerdo con el pedido de la Fiscalía, o pide posponer su declaración hasta después de que se resuelva la tutela de derechos.
Benji Espinoza solicitó al juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, vía tutela de derechos, que determine si es legal que la Fiscalía investigue al presidente de la república en el marco del artículo 117° de la Constitución Política del Estado. El juez ha programado una audiencia para ver el caso el 15 de junio.
Luego, la decisión del juez Juan Carlos Checkley puede ser apelada por la Fiscalía o la defensa ante la Sala Penal de la Corte Suprema, que actúa en segunda instancia y tendrá la palabra definitiva. Esto podría demorar hasta julio.
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La defensa del presidente considera que si acuden a declarar de inmediato, estarían aceptando la decisión de la Fiscalía, lo que sería contradictorio con la tutela de derechos solicitada al Poder Judicial. Por ello podrían pedir que la declaración se postergue hasta que los jueces decidan.
El despacho del fiscal de la Nación considera que lo mejor es que el presidente acuda a la diligencia prevista para el lunes 13 de junio, a las diez de la mañana, a fin de esclarecer su situación. “Podría acudir y expresar su derecho a guardar silencio o reservar su declaración para otra fecha, pero consideramos que lo mejor es que asista”, señalan en el Ministerio Público.
Fronteras. El ciudadano Juan Francisco Silva Villegas no ha registrado salida por ninguno de los puestos de control migratorios o fronterizos. Su impedimento de salida del país se encuentra con la alerta migratoria debidamente inscrita en los sistemas.
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