El exgobernador de Junín Vladimir Cerrón Rojas retiró el habeas corpus que planteó su defensa el 14 de diciembre pasado para revertir la incautación de S/850.074, monto que pagaron Cerrón y otros implicados en 2019 al Estado como reparación civil tras ser condenados por beneficiar a un consorcio en su región con un proyecto de agua potable en La Oroya.
El habeas corpus se presentó en Huancayo a fines de 2021, no obstante, recién el último 13 de mayo este incidente pasó a manos de un Juzgado de Lima, ya que la orden contra el dinero se dictó en la capital.
Su abogado, Luis Mayhua, señaló a este diario que retiraron el recurso porque esperarán qué se decidirá en segunda instancia sobre el monto, ya que si se confirma la incautación, el Estado no podrá usar ese dinero. Aclaró también que dicha medida contra los S/850 mil no implica que Cerrón y otros condenados deban pagar nuevamente esa cantidad.
“Presentamos el desistimiento porque estamos a la espera de la decisión de segunda instancia para ver si ratifican o revocan la incautación.(...) Nos desistimos porque fue la decisión apresurada de una colega que presentó el recurso sin consultar y que pertenecía entonces al equipo legal de defensa de Cerrón”, añadió el letrado. La Fiscalía pide confirmar la retención del dinero porque alega que el monto se habría generado de las actividades ilícitas de “Los Dinámicos del Centro”, red criminal que habría encabezado Cerrón en el Gobierno Regional de Junín.
“Cuando el juez Jorge Chávez Tamariz dictó la incautación y decomiso en diciembre, no anuló la resolución que dio por cancelada la reparación civil en Huancayo. Si se incauta y decomisa el dinero, se cogerá de las cuentas del Estado porque sí se pagó ello, ya no es dinero de los sentenciados. Entonces no se puede pedir que Cerrón pague nuevamente la reparación”, agregó Mayhua.
La única forma por la que se podría pedir un nuevo pago de S/850 mil y no tener como pagado ese monto por la condena en Huancayo, precisó, es “con una sentencia por lavado de activos que pruebe el origen ilícito de ese monto”. El letrado enfatizó también que en 2019, cuando se dictó la condena contra Cerrón, ni la Fiscalía ni la Procuraduría apelaron la decisión que dio por cancelados los S/850 mil.
El monto de la reparación tiene su origen en una condena que impuso en 2019 el Quinto Juzgado Unipersonal Anticorrupción de Junín por negociación incompatible contra Vladimir Cerrón, Juan Sulca Yauyo, Carlos Mayta Valdez y Henry López Cantorín.
Entonces, se determinó que todos beneficiaron al Consorcio Altiplano con el pago de S/850.074. Ese fue el monto que tuvieron que pagar como reparación civil.