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Política

Investigan a exministro Juan Silva y a congresistas denominados como ‘Los Niños’

Fiscal de la nación. A partir de la declaración de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López. Respecto al presidente Pedro Castillo, se considera que el artículo 117° de la Constitución prohíbe investigar a un mandatario.

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Declaración. El exministro Juan Silva será citado a declarar en la Fiscalía de la Nación para que aclare denuncias. Foto: composición/La República

A partir de los informes de las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, inició investigación preliminar al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal.

Sánchez tomó esta decisión luego de recibir dos informes, uno de la fiscal Zecenarro y otro de la fiscal Taquire, con las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López sobre presuntos ilícitos en Provías Descentralizado. Los informes también incluyen al presidente Pedro Castillo.

López ha declarado que el presidente, el exministro Silva y los seis congresistas antes mencionados habrían conformado una organización criminal para beneficiarse de contratos en Provías Descentralizado.

Sobre el presidente

Sin embargo, trascendió, el fiscal de la Nación se abstuvo de tomar una decisión sobre el presidente en aplicación del artículo 117° de la Constitución Política del Estado, que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio por presuntos de ilícitos en el desempeño del cargo.

Karelim López asistió al Parlamento. Foto: captura de Congreso TV

Esta es una posición jurisprudencial que Sánchez Velarde tiene desde la primera vez que ejerció como fiscal de la Nación. En junio del 2016, Pablo Sánchez archivó dos denuncias contra el entonces presidente Ollanta Humala. Ambas denuncias fueron archivadas teniendo en cuenta el artículo 117.

“Nuestro sistema de gobierno, señaló Sánchez, otorga al presidente, al ser elegido con el voto popular, una legitimidad que, en la práctica, le otorga inmunidad absoluta en el ejercicio del poder”, señaló Pablo Sánchez en esa oportunidad.

Una posición que no puede ser cambiada sin una debida sustentación jurídica. Además, actualmente, es fiscal de la Nación encargado.

Investigación

En cambio, sí inició investigación al exministro Silva, los cinco congresistas de Acción Popular que conformarían el grupo ‘Los Niños’ y los que resulten responsables. Es decir, indirectamente las indagaciones que se realicen sí afectarán al presidente Castillo.

La resolución de la Fiscalía de la Nación precisa que los hechos que se investigaran “están vinculados a la investigación por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado”, en el que se habrían cometido hechos presuntamente irregulares “en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros”.

Al exministro Silva se le investiga como autor de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado.

Mientras que los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Ilich López y Darwin Espinoza deberán responder por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con Karelim López, ellos habrían intervenido para que las empresas chinas China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group se adjudiquen más de seis licitaciones de obras públicas.

Los congresistas se habrían reunido en Palacio de Gobierno con el exministro Silva y el presidente Castillo. En esas reuniones se habría acordado que los mencionados parlamentarios apoyen al Gobierno, y a cambio las empresas chinas que habrían financiado sus campañas políticas recibirían contratos de obras públicas.

López es colaboradora

“La señora Karelim López sí ha admitido ser responsable, de manera parcial, no total, de los cargos (...) específicamente haber recibido dinero de procedencia presuntamente ilícita de la familia Pasapera (de la empresa Termirex). Entonces, ese cargo permite que la señora pueda iniciar el proceso y hacer una serie de declaraciones y entrega de información”, declaró el fiscal superior Rafael Vela.

‘Los Niños’

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