Dejan sin efecto designación de funcionaria de la SBN que acudió a casa de Breña

Cyntia Rudas Murga, quien preside la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), dispuso dejar sin efecto la resolución con la que se designó a la abogada Jacqueline Guadalupe Perales Olano en el cargo de confianza de gerente general de la mencionada entidad. Así se lee en resolución ministerial n.° 1274-2021-MTC/01, publicada este domingo 5 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

La superintendenta toma esta decisión luego de que Cuarto Poder diera a conocer que Perales Olano había visitado la casa de Breña vinculada al presidente Pedro Castillo, la cual está ubicada en el pasaje Sarratea. Según el dominical, la ahora exfuncionaria había acudido a la vivienda en la noche del miércoles 10 de noviembre.

Jacqueline Perales había sido designada como gerente general de la SBN —organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento— a mediados de setiembre de este año. Solo ha estado en el cargo alrededor de dos meses y medio.

De igual forma, la superintendenta Cyntia Rudas ha nombrado, a partir del 6 de diciembre de 2021, “al abogado Gino Alejandro Trejo Maguiña en el cargo de confianza de gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”, según se lee en la resolución.

La Contraloría ya inició acciones de control

Fue el programa Cuarto Poder el que reveló que agentes de seguridad del Estado y vehículos asignados al Despacho Presidencial aún acudían a la casa de Breña, en donde el presidente Pedro Castillo habría seguido manteniendo reuniones. El dominical pudo captar en una ocasión al jefe de Estado.

De hecho, la Contraloría ha hallado “una situación adversa que podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública” en las actividades que realizó el jefe de Estado en la casa de Breña y que no fueron registradas ni en el Portal de Transparencia ni en la agenda presidencial.

Por este motivo, la entidad supervisora ha iniciado un “servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad” a las “actividades ejecutadas por el señor presidente de la República y el secretario general no registradas en la agenda oficial del Despacho Presidencial”.

Se trata de una nueva etapa de control posterior, “que se inicia cuando hay evidencias suficientes y apropiadas sobre una presunta irregularidad, que pueden dar lugar a la identificación de responsabilidad civil, penal o administrativa funcional, y que han sido advertidas durante la realización de un servicio de control o por otras fuentes de información”, según fuentes de la Contraloría.