Una denuncia constitucional fue presentada contra los 79 congresistas que votaron a favor de la Ley 21355, la cual interpreta los artículos 132° y 133°de la Constitución, estableciendo límites a la figura de la cuestión de confianza, generando un desbalance de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Dicha acusación fue presentada por el abogado penalista Guillermo Olivera Díaz el miércoles 27 de octubre. El tema también será visto en el Tribunal Constitucional (TC).
“No solo es una aprobación del Congreso que se dio el 19 de octubre, también esa misma aprobación se dio el 16 de septiembre de este año cuando se aprobó y la autógrafa se remitió al presidente de la República, quien la observó y después de esas observaciones en el trámite interno del Parlamento se produjo su aprobación por insistencia. (…) Así se deja y se extingue la figura constitucional de la cuestión de confianza, yo la llamo la ley del embudo: lo ancho para el Congreso y lo angosto para el Ejecutivo”, declaró a Exitosa.
El pasado 9 de octubre, la comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de la ley de interpretación de la cuestión de confianza, el cual establece que el Ejecutivo podrá plantear cuestión de confianza solo en materias de su competencia, relacionadas con sus políticas de gobierno. En la noche del martes, la iniciativa fue aprobada en el pleno del Parlamento con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.
En este sentido, Guillermo Olivera Díaz señaló el Congreso ha roto el equilibro de poderes establecido en la Constitución: “El Congreso deja intocadas sus funciones de interpelación y censura a ministros y de vacancia al presidente, eso no se toca y queda intacto. En cambio, lo que tenía la Constitución como contrapeso que es la cuestión de confianza ha sido eliminada por este engendro legislativo que se llama Ley 21355″, explicó.
El pasado 23 de octubre, el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Congreso y que limita la cuestión de confianza. El documento solicita que se declare la inconstitucionalidad total de la norma “por razones de forma y de fondo” bajo el argumento de que contraviene disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica del TC.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña fue elegido como el ponente que verá la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo en contra del Congreso de la República, en torno al proyecto que regula la cuestión de confianza. Este jueves 28 se procederá a notificar al Parlamento la admisión de la demanda, la cual cumple con todos los requisitos formales.