Ya van veinte comisiones especiales e investigadoras creadas en el Parlamento

En apenas dos meses y medio del inicio de la nueva gestión del Congreso ya se han conformado o reactivado un total de catorce comisiones especiales y seis comisiones investigadoras. Tamaño entusiasmo, sin embargo, contrasta con anomalías que ya empiezan a saltar a la luz, respecto del funcionamiento de estos grupos de trabajo.

Esto, además del retraso para la conformación de otras comisiones especiales que sí son necesarias y el Parlamento opta por no aprobarlas.

Grupos de investigación

De las seis comisiones de investigación ya creadas, tres presentan demora para el inicio de su funcionamiento. El caso con el mayor tiempo de retraso tiene que ver con el atentado terrorista en Vizcatán.

El 23 de mayo, en plena segunda vuelta, se produjo la matanza de 16 personas en el distrito de Vizcatán. Los hechos son atribuidos a los remanentes de Sendero Luminoso.

Al día siguiente, la información empezó a circular por personas afines a la campaña de Keiko Fujimori, como Rospigliosi o Cateriano, en claro afán de usar políticamente el hecho para debilitar a Pedro Castillo.

Apenas quedó instalado el nuevo Congreso, el 4 de agosto el legislador Alex Flores (Perú Libre) presentó una moción para crear una comisión para investigar estos hechos.

El 12 de agosto, el Pleno aprobó con 63 votos la conformación de esta comisión. Hubo 57 votos en contra de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular (RP) y APP.

Pues bien, desde aquel 12 de agosto han pasado ya 72 días sin que esta comisión haya quedado instalada, por retrasos en la acreditación de los miembros.

Por otro lado, el 16 de setiembre el Parlamento aprobó la moción de Esdras Medina (RP) para investigar un cobro de cargo por electricidad en el gobierno de Vizcarra. Van 37 días y la comisión aún no está instalada.

Un retraso similar presenta la comisión creada para investigar el caso de los niños con plomo en la sangre, como producto de la actividad extractiva. El grupo fue creado 29 de setiembre y hasta hoy no hay un mínimo avance de trabajo.

En contraparte, las comisiones de investigación que sí empiezan a caminar son la encargada de fiscalizar la transparencia de los primeros días del gobierno de Castillo; la encargada de ver las contrataciones de Essalud en pandemia, y el grupo que impulsó Jorge Montoya (Renovación Popular) para investigar las elecciones del 2021.

Este último grupo ya tomó juramento de quienes harán las veces de asesores y entre ellos se encuentra Roque Bravo Basaldúa, quien antes fue asesor principal de la Comisión Lava Jato, que presidió Rosa Bartra.

Comisiones especiales

En cuanto a las 14 comisiones especiales, buena parte corresponde a la reactivación de grupos que venían funcionando en el anterior parlamento.

En este grupo, la comisión con mayor retraso en su instalación es aquella conformada para seguir la implementación de las políticas en el Vraem.

Hasta hace una semana, solo cinco bancadas habían acreditado a sus representantes, faltando Podemos Perú, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú-Partido Morado.

Más comisiones

Ahora bien, si por los congresistas fuera, tendríamos muchas más comisiones. Hay pedidos pendientes para crear otras 23 comisiones investigadoras.

Uno corresponde a Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien pide investigar los presuntos actos de corrupción del exgobernador de Junín Ángel Unchupaico. Pero el autor del pedido es también investigado por presunta corrupción y lavado.

Y hay mociones para crear otras 16 comisiones especiales. Una es de María Acuña (APP), quien pide hacer seguimiento a la reorganización de universidades públicas sin licencia.

En buena cuenta, la experiencia reciente ha demostrado que la gran mayoría de estos grupos solo sirven para generar puestos de trabajo. De hecho, varias de las comisiones especiales ya fueron creadas para funcionar hasta el año 2026.

El dato

Nuevo defensor. En el Congreso hay dos mociones para crear una comisión encargada de elegir al nuevo defensor. Una corresponde a Isabel Cortez (JP) y la otra a Heidy Juárez (APP). Esto debido a que ya venció el mandato de Walter Gutiérrez. Pero el Congreso hasta ahora tiene encarpetados los pedidos.