María Nina, alcaldesa de San Juan de Miraflores, habría apoyado a candidatos de Acción Popular

No es un fenómeno nuevo. Pero la interferencia de una presunta organización criminal en las últimas elecciones para la Presidencia y el Congreso de la República ha quedado al descubierto con la reciente detención de la alcaldesa de San Juan de Miraflores (SJM), María Cristina Nina Garnica, y otros funcionarios de ese municipio.

De acuerdo con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Ministerio Público, esta red no solo habría financiado campañas de políticos, sino que también intentó colocar a sus propios hombres para competir como parlamentarios.

A través del video vigilancia Nº 186-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, se ha demostrado que el 29 de noviembre del 2020, casi todos los funcionarios y algunos servidores de seguridad ciudadana de SJM se reunieron en el instituto tecnológico Gilda Ballivian Rosado donde habrían acordado participar activamente en favor de las elecciones internas de Acción Popular que se desarrollaron ese día.

Apoyo en elecciones

En ese cónclave, según los investigadores, concertaron con la alcaldesa efectuar labores de coordinación, supervisión, orientación y entrega de apoyo logístico en las internas para elegir precandidatos al Congreso y a la presidencia por Acción Popular.

En este proceso participaban Edmundo del Águila Herrera y Melissa Bottger Alor, quien recién había dejado el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables en dicho municipio.

Del Águila admitió a La República que recibió apoyo de los militantes de San Juan de Miraflores, y que María Nina era una militante más, pero aseguró que no la conocía. Afirmó que no sabe si su fotografía aparecía en las cuponeras de tributos municipales 2020 de ese distrito.

Nina Garnica fue la única mujer que logró una alcaldía de los 43 distritos de Lima. Ella es licenciada en educación.

Personeros y secretarios

En la resolución de detención preliminar de Maria Nina Garnica y su esposo Walter Huamán Hidalgo, presuntos cabecillas de esta red, se alega además que “de las escuchas autorizadas judicialmente, se conoció que, en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios”.

Para ello, se señala en el documento, “la presunta organización criminal habría dispuesto del personal municipal del área de fiscalización, seguridad ciudadana y otros, encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”.

Sobre este tema, Yonhy Lescano, excandidato presidencial por Acción Popular en las últimas elecciones, escribió en su cuenta de Twitter: “La investigación que se lleva a cabo contra la alcaldesa y otros funcionarios del municipio de SJM debe llegar hasta las últimas consecuencias. Mientras unos nos esforzamos para fortalecer AP, otros lo usan, conspiran y le hacen daño”.

Cambio de favores

La República intentó ayer nuevamente comunicarse con el congresista Rolando Ruiz Pinedo, implicado en la resolución judicial, pero no respondió a las llamadas ni mensajes por WhatsApp.

El parlamentario de Acción Popular, elegido por la región San Martín, también habría recibido apoyo de la ahora detenida alcaldesa, durante su campaña política. Le dio un puesto a su hija Angie Ruiz Mesía, a quien no solo nombró en el cargo de subgerente de Imagen Institucional y Protocolo sino que la burgomaestre también le brindó su casa para vivir con ella.

A cambio de este favor, Walter Huamán Hidalgo, pareja de María Nina, fue contratado como asesor técnico I del mencionado congresista, cargo que ocupaba hasta el día de su detención.

Actos de corrupción

Durante el estado de emergencia por la pandemia, el gobierno otorgó un millón de soles para la adquisición de víveres para las canastas básicas que se debían distribuir a las familias vulnerables en San Juan de Miraflores, pero la Diviac detectó que antes de emitirse públicamente el pedido de proformas, estas ya habían sido dirigidas a las empresas a quienes contrataron como proveedoras.

Incluso, una de ellas se encontraba inhabilitada por la OSCE y las otras estaban vinculadas entre sí, es decir, tenían un mismo propietario, que con anterioridad ya había facturado con dicho municipio.

Asimismo, realizaban operativos contra 90 empresas de mototaxis con el objetivo de imponer multas de infracción al reglamento de tránsito e internar al depósito los vehículos para condicionar pagos mensuales por determinada empresa. Esto a razón de no ser intervenidos y/o clausurarles sus paraderos.

También se ha establecido que Gina Martínez Gutiérrez, conviviente de un hermano de la alcaldesa, es gerente general de las empresas Implementos de Seguridad J&G SAC y Consultoría y Proyectos Nimar SAC, que habrían sido creadas como empresas de fachadas para realizar trámites de licencias de funcionamiento, certificados de Defensa Civil, entre otros, pese a no trabajar en la entidad edil.

María Nina, su pareja Walter Huamán y los funcionarios y servidores Jessica Correa, Elvis Baylón, Alex Guardia, Olga Vidarte, Gina Martínez y Miguel Aste son investigados por delitos contra la administración pública (cohecho activo genérico, cohecho pasivo, peculado y colusión agravada) y por organización criminal.

Ella tuvo dos pedidos de vacancia

La alcaldesa María Nina Garnica tuvo dos pedidos de vacancia en 2019. Uno de ellos fue presentado por el ciudadano Juan Herbias, quien denunció a Walter Huamán de dirigir una organización criminal, y el otro por Gregorio Contreras por la causal de restricciones de contratación, según informó el JNE.

Resolución judicial

En los documentos del Poder Judicial se señalan los apoyos que habrían recibido Edmundo del Águila y Rolando Ruiz, ambos de AP.

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