Vacancia presidencial: 78 congresistas votaron en contra de destituir a Vizcarra

Con 78 votos en contra, el Congreso de la República mandó al archivo el proceso de vacancia que se había iniciado en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra.

Las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP), que en forma mayoritaria habían impulsado este proceso y votaron a favor de la admisión a debate de la vacancia, ayer finalmente decidieron votar en contra de este recorte del mandato presidencial.

Por la noche, el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, quien siempre estuvo en contra de la vacancia, expresó: “Los impulsores de la vacancia terminaron votando por el no y en abstención. Primero fueron irresponsables y luego cobardes. El pueblo salvó la democracia”.

Además de Acción Popular y APP, votaron en contra de la vacancia el Partido Morado, Somos Perú y Fuerza Popular. En esta última organización, solo Martha Chávez votó por la salida del presidente Vizcarra.

En cambio, la bancada del Frepap, que se había opuesto a admitir a debate esta moción, ayer sorprendió votando en forma unánime a favor de la vacancia presidencial. “Somos representantes del pueblo, votaremos por una vacancia que inicie un proceso de transparencia en la política peruana”, había anunciado por la mañana la vocera de esta bancada, María Céspedes Cárdenas.

Junto con el Frepap, votaron a favor de la vacancia los 13 legisladores de Unión por el Perú, organización que lidera el reo Antauro Humala y que, además, tiene entre sus miembros al legislador Edgar Alarcón.

En tanto, Podemos Perú, que también fue protagonista en el proceso de vacancia, anoche decidió votar en abstención. En el Frente Amplio, solo Mirtha Vásquez y Rocío Silva votaron en contra, mientras que cinco de este grupo fueron por la abstención.

Vizcarra en el Congreso

Aunque desde el Ejecutivo había surgido la versión de que no acudiría al Congreso, el presidente Martín Vizcarra decidió finalmente asistir temprano al hemiciclo para ejercer su defensa en el proceso de vacancia promovido en su contra.

En su intervención, el mandatario volvió a reconocer su voz en los audios grabados por la exasistenta administrativa de Palacio Karem Roca, pero deslizó que no hay delito, aunque sí consideró que los hechos deben ser investigados a profundidad en el Ministerio Público.

“Soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles; que se contrasten las versiones, se verifique la información y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”, expresó.

Agregó en esa línea que la Fiscalía debe encargarse del tema: “Dejemos que sea el Ministerio Público el fuero encargado de llegar al fondo de esta investigación”.

Vizcarra también mostró dos cartas notariales firmadas por Karem Roca. En una, la ciudadana aclara que es falsa la información que dio en el sentido de que la Marina estaría grabando a congresistas. En la otra, Roca precisa que no es correcta la versión que dio cuando calificó al ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, como “cajero del presidente”.

En otro momento, Vizcarra volvió a pedir disculpas por la crisis política generada. “Ante la representación nacional, pido sinceras disculpas, porque todo lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno”, apuntó.

El mandatario evitó ahondar en los hechos y sospechas que surgieron sobre su gestión, desde la difusión de los audios, situación que generó malestar en los parlamentarios.

Luis Dioses, portavoz de Somos Perú, cuestionó además que Vizcarra no se haya quedado en el hemiciclo para responder las preguntas.

“Rechazo la conducta indebida que se puede escuchar en los audios. El Gobierno no ha asumido autocríticamente el caso”, expresó Rocío Silva, parlamentaria del Frente Amplio.

Francisco Sagasti, portavoz del Partido Morado, anunció desde temprano que su bancada votaría en contra de la vacancia y más bien cuestionó duramente el desempeño del Parlamento.

“Se ejerce el poder que otorga la ciudadanía en beneficio propio y de los allegados; no en beneficio del bien común (...); campea la arbitrariedad y la improvisación, se magnifican hechos y circunstancias que realmente son menores”, lamentó.

Piden salida de Alarcón

Durante el debate de ayer, nuevamente hubo voces que cuestionaron la participación de Edgar Alarcón al frente de las investigaciones en el caso conocido como Richard Swing.

Lenin Checco, portavoz del Frente Amplio, recordó que su bancada presentó una moción para conformar una comisión multipartidaria encargada de investigar los casos que surgieron a raíz de la difusión de los audios. Dicho pedido fue archivado hace una semana.

Mirtha Vásquez, del mismo grupo parlamentario, apuntó que los audios “vislumbran una serie de posibles delitos”, pero lamentó que se haya viciado la investigación.

“Esta vacancia ha sido impulsada de forma irresponsable (...) y nada menos que con acusaciones contra los propios encargados de la investigación”, dijo en alusión a Edgar Alarcón.

Gino Costa, del Partido Morado, subrayó que la moción de vacancia era promovida por “el partido UPP, dirigido desde la cárcel por el señor Antauro Humala y digitando acá al señor Alarcón, que es una persona destituida de su cargo de contralor de la República”.

Confusión en el debate sobre el contenido de la vacancia

El abogado constitucionalista Omar Cairo cuestionó que buena parte de las intervenciones de los parlamentarios fueron ayer muy generales, sin ir a temas de fondo o al contenido de la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente.

“Hubo un desconocimiento y confusión muy grande. Han dicho que es un juicio político, cuando un elemento básico es que el presidente de la República no tiene responsabilidad política; la responsabilidad política en realidad lo asumen los ministros”, expresó en diálogo con La República.

Cairo recalcó que las responsabilidades políticas están reguladas en los artículos 99 y 100 de la Constitución, mientras que la vacancia presidencial es desarrollada en el artículo 113, con una connotación distinta al llamado juicio político.

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La integridad presidencial

Enfoque por: Iván Lanegra - Sec. Gral. Transparencia

La ciudadanía espera que los servidores públicos actúen con probidad y veracidad, pongan por delante el interés general y estén siempre dispuestos a contribuir con el esclarecimiento de cualquier situación que genere dudas o cuestionamientos sobre su conducta.

Lamentablemente, la historia del país nos muestra que los funcionarios con mayor poder y responsabilidad no solo han incumplido dichos deberes, sino que en muchas ocasiones han buscado evadir la justicia, a veces con éxito. Esto ha minado la confianza en el Estado, en la democracia y en los políticos.

El presidente Vizcarra ha hecho de la defensa de la integridad pública la divisa de su gestión, impulsando loables reformas orientadas a dicho fin, en materia de justicia, lucha contra la corrupción y reforma política. Los recientes hechos pueden debilitar esta narrativa. Más allá del cuestionable proceso de vacancia presidencial al que ha sido sometido, el primer mandatario tiene el deber de dar cuenta sobre lo ocurrido, colaborar con las investigaciones y someterse -en el marco del debido proceso- a los procesos que correspondan. También requerirá adoptar medidas que impidan que la institución presidencial vuelva a ser afectada, evitando ahondar la distancia que existe entre la ciudadanía y sus representantes. Su legado está en juego.

Investigación pero con cambios en la comisión

Enfoque por: Cruz Silva - Coordinadora de GTCC

Hay razones para investigar al presidente de la República, tras la difusión de audios grabados por su entorno. Y el Congreso tiene a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para tal fin.

Sin embargo, la actual presidencia de esta comisión ya habría incurrido en varias infracciones al Reglamento del Congreso y al Código de Ética, poniendo en riesgo la investigación del caso Richard Swing. Por eso, las organizaciones que integran el Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) solicitan su remoción.

Por ejemplo, el artículo 88º del Reglamento, que regula la facultad de investigación de las comisiones, señala que levantar la reserva de las pesquisas es un acuerdo tomado por la mayoría de miembros de la Comisión. El 10 de setiembre Alarcón hizo públicos extractos de tres audios sin informar a la Comisión y no tenía autorización para publicarlos.

Por otro lado, al firmar la moción de vacancia, Alarcón habría adelantado opinión violando el principio de imparcialidad y objetividad; por ello los investigados podrían pretender la nulidad de lo actuado.

Además, uno de los audios contiene una conversación telefónica entre el investigado Cisneros y la asesora de la comisión María Urday, quien comparte información reservada de la investigación al principal investigado, sobre los resultados de peritajes a la firma de Óscar Vásquez.

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