Siete mil internos podrían salir por la emergencia

En vísperas de vencer el plazo de los siete días de las facultades legislativas, el Poder Ejecutivo publicó el jueves último dos decretos legislativos con una serie de medidas para el deshacinamiento de los penales, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

En conversación con La República, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, subrayó que con este marco normativo “no se pone en riesgo ni la seguridad ciudadana ni la lucha contra la corrupción”.

Esto debido a que el Decreto Legislativo 1513, si bien regula la opción del cese la prisión preventiva para determinados investigados, impide que puedan acogerse a la norma personas comprometidas con delitos considerados graves.

Así, no podrán salir de los establecimientos penitenciarios personas investigadas por delitos como feminicidio, homicidio, robo, secuestro, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, violencia contra la mujer, violencia contra la libertad sexual, corrupción, lavado de activos, organización criminal o terrorismo.

Fernando Castañeda comentó, por otro lado, que el Decreto 1513 recoge parte de la propuesta que había formulado el Poder Judicial al Congreso. “Hemos acogido la sugerencia que hizo el Poder Judicial, en su proyecto de ley, sobre el tema de la remisión de la pena. Esta es una figura técnica muy importante. Básicamente la remisión es una pena suspendida sujeta al cumplimiento de unas reglas de conducta”, enfatizó.

El Ministerio de Justicia estima que cerca de siete mil internos podrían acogerse a las medidas orientadas al deshacinamiento, pero las decisiones están en manos de los jueces.

En cuanto al plazo de la implementación de estas medidas, el ministro Castañeda comentó: “Estamos hablando de entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la rapidez con la que actúen y de la conexión de información entre los directores de los penales con las cortes superiores (de justicia)”.

Cultura de grilletes

Por otro lado, el Decreto 1514 precisa que el estado asumirá el financiamiento para la compra de grilletes electrónicos, con lo cual también se busca el deshacinamiento de los penales. El ministro Castañeda apuntó que si bien la medida ya existe, a la fecha solo 25 personas usan grilletes y el principal impedimento es el presupuesto.

La política del uso de los grilletes no será temporal para el presente periodo de la emergencia. “Se decidió cambiar el curso de la historia y asignar un monto al INPE (Instituto Nacional Penitenciario) para que de acá en adelante tenga ya en stock (grilletes) y que los jueces puedan cambiar la cultura de las prisiones por la cultura del grillete”, expresó Castañeda.

En cuanto a cifras, el ministro adelantó que el Gobierno tiene estimado comprar en forma progresiva ocho mil grilletes. Precisó que actualmente ya existe un contrato suscrito con el INPE y el detalle técnico será revisado por el área técnica.

Para el caso específico de la emergencia en los penales, el ministro Castañeda estimó que para fines de mes se contaría con una primera compra de grilletes, a fin de garantizar su uso por decisión judicial.

Van 227 fallecidos

El ministro Fernando Castañeda informó, por otro lado, que la cifra actualizada de personas fallecidas en los penales por Covid-19 suman 227.

De este grupo, 15 son trabajadores de los distintos establecimientos penitenciarios, mientras que 212 son internos.

En días previos, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional con respecto al hacinamiento y las serias deficiencias en cuanto a infraestructura y servicios básicos en los establecimientos penitenciarios.

Más inversión destinada a los penales

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, admitió que persisten las deficiencias en los penales, por lo cual el Gobierno ha previsto asignar una partida de 50 millones de soles para su fortalecimiento.

“Sí, hay deficiencias. Justo desde la semana pasada ya se viene reuniendo el jefe del INPE con todos sus directores regionales y de penales para fortalecer todos los equipos de registro penitenciario”, expresó.

Según detalló, parte de esa nueva inversión de los 50 millones de soles estará destinada a mejorar la “interconexión del INPE con el Poder Judicial”.

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