PJ suspende labores hasta el 10 de mayo por el COVID-19

El último domingo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial informó a todas las jurisdicciones del país que se ampliarán las suspensiones de plazos administrativos y procesales desde este lunes 27 de abril hasta el próximo 10 de mayo.

El acuerdo tiene su base en los cálculos estimados por el Ejecutivo sobre la duración del estado de emergencia que vive el Perú desde mediados de marzo por el avance del coronavirus (COVID-19) y las medidas de contención de la enfermedad desde entonces.

De esta manera, el documento señala específicamente también que se habilitan a los distritos judiciales del país a tramitar “solicitudes de conversión automática de penas”, “beneficios virtuales (semilibertad y libertad condicional)”, así como beneficios penitenciarios en general y recursos de prisión preventiva y de cese de las mismas mediante audiencias virtuales.

En el oficio se reitera también a todos los jueces de las Cortes Superiores que emitan las medidas necesarias para “el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales designados”.

Investigados y recursos

Durante las últimas semanas, varios procesados del caso Lava Jato interpusieron escritos para ser excarcelados ante un posible contagio del COVID-19. Entre ellos se han visto beneficiados con el arresto domiciliiario César Villanueva y el exárbitro Richard Martin Tirado.

En el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el exconsejero del CNM Julio Gutiérrez Pebe logró tambien la comparecencia restringida el sábado 25 de abril tras cumplirse el plazo de su prisión preventiva.

Cabe precisar también que la presidenta de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Inés Villa, envió un oficio al fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, sobre los cuestionamientos relacionados a las audiencias programas para evaluar los pedidos de cese de prisión preventiva de los investigados del caso Lava Jato.

En la respuesta a Vela, Villa explicó que sí se habilitó a todos los jueces de emergencia a que “revisen incluso de oficio, la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad con el objetivo de evaluar modificaciones en su condición jurídica”.