El resumen político: las noticias más destacadas de la semana

El avance del coronavirus (COVID-19) en el Perú afectó también a los políticos. Esta vez, llegó al Congreso de la República, ya que tres padres de la patria dieron positivo a la pandemia mundial.

Congreso envía autógrafas de ley al Ejecutivo

El lunes 6 de abril, el Congreso de la República envió al Poder Ejecutivo las autógrafas de ley sobre el retiro del 25 % de fondos de las AFP, el control concurrente al Estado y la suspension del cobro de peajes nacionales durante el estado de emergencia nacional.

El presidente Martin Vizcarra saludó la aprobación de la medida que permite la intervención de la Contraloría General de la República.

También indicó que conversará con los concesionarios de los mismos que aún no han suspendido el cobro de peajes, con la intención de no promulgar la ley porque esta permitiría que las empresas no brinden mantenimiento en este periodo.

Respecto a la propuesta aprobada del retiro de fondos de las AFP, señaló que “la están evaluando”. Desde el 6 de abril, el mandatario tiene 15 días hábiles para promulgar las normas u observarlas.

Minsa y el sobrecosto de mascarillas

La Contraloría General de la República observó una compra, de una institución ligada al Ministerio de Salud (Minsa), de 1 257 900 mascarillas N-95 por estar presuntamente esta sobrevalorada en 4 302 018 soles.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Minsa emitió la orden de compra a favor de la empresa PMI Médica S.A.C. sin haber consultado a otras compañías del mercado, como la representante en el Perú de la estatal china Sinohydro Corporation, que ofreció 16,18 soles por unidad.

No obstante, Cenares sostuvo que la elección se debe a que el proveedor seleccionado no les solicitaba adelanto, mientras aquel que ofrecía un menor precio pedía un adelanto del 100 % del costo.

COVID-19: congresistas contagiados

El martes 7 de abril, la legisladora Leslye Lazo anunció a través de su cuenta de Facebook que dio positivo en la prueba rápida de coronavirus. También se confirmó el caso de contagio de un trabajador de seguridad de la institución.

Dos días después, el vocero de la bancada Alianza Para el Progreso Fernando Meléndez también informó que dio positivo en la enfermedad tras someterse dos veces a las pruebas rápidas.

Este viernes 10 de abril, el parlamentario Felipe Castillo confirmó a La República estar contagiado del coronavirus y que la noticia la conocía desde el sábado 4 de abril, por lo que se mantuvo en aislamiento.

Todos los parlamentarios, ahora contagiados con la pandemia mundial, participaron en la entrega de víveres a personas vulnerables de distintas zonas.

Morán anuncia separación de implicados en compra irregular

Carlos Morán, titular del Ministerio del Interior, enfatizó que no permitirá algún acto de corrupción durante el estado de emergencia por el coronavirus que pueda afectar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por tal motivo, anunció la separación del cargo de las personas directamente implicadas en el caso mientras dure las investigaciones del caso presunto contrato irregular de la institución policial,

La PNP había comprado mascarillas y alimentos con una empresa sin registro sanitario y dedicada a la venta accesorios para vehículos.

Vizcarra amplió estado de emergencia

El miércoles 8 de abril, el presidente de la República Martín Vizcarra aprobó la ampliación del estado de emergencia hasta el domingo 26 de abril para controlar la expansión del coronavirus (COVID-19).

La medida se oficializó el viernes 10 de abril en el Decreto Supremo 064-2020, en el que se determina la anulación de la restricción por género durante la crisis sanitaria.

Confiep propuso cese colectivo en medio de crisis

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) envió el pasado 8 de abril una carta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) solicitándole flexibilidades laborales que beneficien solo a las empresas.

Una de estas medidas es permitir el despido de los empleados de manera colectiva y automática, sin autorización previa, lo cual implica que el empleador no se encuentre obligado al pago de un indemnización por despido arbitrario.

Esta propuesta ha sido rechazada por la ministra de Trabajo y Empleo, Silvia Cáceres. El primer ministro, Vicente Zeballos, también se pronunció enfatizando que la política laboral la define el Gobierno.