Venezolan@s

México y España, entre otros, reciben desde hace 30 años cientos de miles de migrantes con y sin papeles, y sus servicios y espacios han sido afectados por esa presión. También padecen la presencia de delincuentes extranjeros, sin embargo, nunca los presidentes o ministros de esos países han participado en actos de expulsión de migrantes –transmitidos en directo– como lo han hecho el presidente Vizcarra y el ministro Morán en Lima.

Tampoco las autoridades de Trabajo los responsabilizan del aumento del desempleo juvenil, como refirió la ministra Sylvia Cáceres en diciembre. La informalidad laboral juvenil pasó de 87% en 2007 a 78% en 2018: es decir, la falta de acceso a un empleo adecuado preexiste a la llegada de los venezolanos.

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Con esos actos, el Ejecutivo fortalece el estigma negativo de los venezolanos, que se instaló con los graves crímenes de junio 2018 y setiembre 2019.

El Gobierno usa fondos de la cooperación internacional para la atención administrativa a los migrantes y en la Comisión Especial para los Refugiados: no gasta presupuesto público. De los 862.000 venezolanos que viven en el Perú, 377.047 presentaron una solicitud de refugiado, y 1.112 han sido reconocidos como tal: los que esperan respuesta son vulnerables.

Del total de extranjeras que denunciaron violencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en 2019, el 76% eran venezolanas. La mitad de los venezolanos que ingresaron en 2019 llegó con un menor de edad, y el 74% de niños venezolanos que viven aquí no va al colegio. Urge revertir el estigma.