Por: Alonso Collantes
Uno de los asuntos en materia penal que se trataron ayer en el XI Pleno Jurisdiccional fue la prisión preventiva. Los representantes del Ministerio Público que acudieron al evento del Poder Judicial hicieron una firme defensa a las medidas cautelares.
Todos los jueces supremos del ámbito penal como César San Martín, Aldo Figueroa, Jorge Castañeda, Iván Sequeiros, Zavina Chávez y otros más atendieron las propuestas de los participantes y sus ponencias.
El fiscal Luzgardo González Rodríguez, jefe del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, expresó, sobre la prisión preventiva, que la casación 1445-2018 “eleva la valla a la Fiscalía para considerar que exista un peligro de fuga”. Este es uno de los requisitos para solicitar el arresto provisional de un investigado.
A su juicio, la casación resuelta por la Corte Suprema de Justicia en abril pasado identificaba el peligro de fuga con huir del país, “relativizando los arraigos así como la pertenencia a una organización criminal”. Por ello, sostuvo que los criterios que impone la casación no debían ser incluidos en el acuerdo al que llegue el Pleno, aproximadamente en octubre de este año, tras el debate. Estos serán vinculantes para todos los jueces de la materia en general.
En similar sintonía, el fiscal Martín Salas Zegarra, adjunto de la Cuarta Fiscalía Anticorrupción, justificó que los jueces deben valorar por igual los requisitos para dictar prisión preventiva, y no solamente los elementos de convicción.
No obstante, en la orilla opuesta a estos argumentos, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, calificó la medida de “populismo judicial”. Indicó que la cifra de presidiarios rodea los 93 mil en todo el país. “Hay un uso y abuso de la prisión preventiva”, acotó sobre la medida que ha sido utilizada en varias ocasiones por la Fiscalía.
El procurador Amado Enco, que intervino en el tema de reparaciones civiles, dijo que hasta marzo del 2019 su despacho tiene 38 mil casos y se han cobrado alrededor de S/ 122 millones por el delito de colusión.
- Defensa. La fiscal Fany Quispe indicó que el impedimento de salida del país en diligencias preliminares facilita los avances de un caso.
- Diversidad. La trata de personas, crimen organizado, vigilancia electrónica, explotación sexual y peculado también se abordaron en el Pleno.