La defensa de los defensores de los DDHH.,Recientemente, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, una herramienta legal que permitirá que estas desplieguen sus actividades con garantías para su integridad. Esta norma no es casual o inopinada; ha sido elaborada de acuerdo a la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las NNUU sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos y las libertades. De hecho, dos personalidades que rápidamente saludaron esta norma fueron Birgit Gerstenberg, representante para América del Sur del alto comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, quien señaló que el Estado y la sociedad deben valorar el rol imprescindible de las personas defensoras de DDHH, quienes muchas veces ponen en peligro su propia integridad y seguridad; y Michel Forts, relator especial de la ONU para la situación de los defensores de DDHH, quien indicó que es un avance y que ahora se debe implementar con la ayuda de todos los sectores del país. Quedando claramente establecido que el Protocolo es una herramienta general para la defensa de la vigencia de los derechos y libertades, el fujimorismo, haciendo honor a su pasado y presente, se ha opuesto a esta medida, y por medio del legislador Juan Carlos Gonzales ha solicitado que la Comisión de Justicia cite al ministro de Justicia para que explique lo que él llama la dación de un privilegio que colisiona con el principio de igualdad ante la ley. En su versión, esta protección “no es gratis”, es el gobierno el que defenderá a las ONG y se pregunta cuánto dinero se destinará a ello. Esta resistencia, nacida del prejuicio cuando no del desconocimiento, es respondida por sucesos cotidianos. Por ejemplo, el 17 de abril de este año fue asesinado Cristian Java, monitor ambiental de la comunidad la Petrolera, del pueblo Kukama, por invasores de su territorio. El atentado dejó seis personas heridas y con Cristian son 21 los defensores de DDHH asesinados desde el año 2016. Otro caso reciente es el de Claudia Vera, activista transgénero y defensora de los derechos de la comunidad LGTB, asesinada a balazos el 31 de marzo. El Protocolo es una buena noticia para los DDHH. Con ello, el Estado peruano cumple el compromiso contraído con la CID el año 2016. No olvidemos que ahora mismo, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, más de 900 personas son hostigadas por defender los derechos y libertades.
