“Cuando se investiga hechos corrupción la primera obligación de un Estado es cooperar con las investigaciones y no trabarlas”.,Pudieron ser otras las preguntas sobre las que hay que votar dentro de 15 días. Por ejemplo, en lugar de la “no reelección” de congresistas, la intolerable inmunidad de parlamentarios. Cuestión medular, grosero pasaporte para la impunidad de asesinos o ladrones de gasolina. Colombia eliminó la inmunidad hace años y fue gracias a ello que decenas de parlamentarios pudieron ser procesados por delitos de corrupción. Las preguntas, además, no debieron haber sido cuatro sino cinco. En el Congreso añadieron un tema: el cambio en la definición de la “cuestión de confianza” del artículo 133 de la Constitución. Asunto sustantivo, diferente al unicameralismo/bicameralismo, metido “por la ventana” por la mayoría congresal. El cambio contrabandeado no estaba en el proyecto del Ejecutivo. No debería incluirse en la cuarta pregunta –sí o no al bicameralismo– pues es completamente otro tema. Más allá de las preguntas, lo que estará en juego el domingo 9 no será tanto el tecnicismo jurídico de las cuatro preguntas (que probablemente resulten farragosas para la mayoría del electorado) sino el rechazo al actual legislativo y el apoyo –implícito– a un gobierno que ha puesto el enfrentamiento a la corrupción en el centro de su agenda. Nada menos, pero, también, nada más. Queda por delante la mitad de un período presidencial; una agenda hasta ahora monotemática en un país con tremendos problemas. Ya el presidente Vizcarra ha puesto en agenda la reconstrucción del norte como un asunto central. Bien por eso. Pero no basta. Me atrevo a sugerir aquí, a modo de ejemplo, dos temas en los que hay no solo relevancia en el tema sino la posibilidad –y hasta la necesidad– de articular esfuerzos con los gobiernos regionales y locales de manera que –idealmente– haya una retroalimentación institucional y no el entrecruzamiento de facultades y objetivos. Primero, la seguridad ciudadana, asunto que no se reduce a la función policial pues concierne también a la administración de justicia y los gobiernos locales. Una conducción política y gerencial, desde el “centro”, está visiblemente ausente. Ahora que se instalarán nuevos gobiernos locales podría ser ocasión para poner en marcha un plan concreto de acción que empiece por siete núcleos urbanos (Lima, Chiclayo, Arequipa, Trujillo, Chimbote, Huancayo y Cusco). Segundo, la salud pública. Su situación desastrosa es, por cierto, asunto de recursos. Pero también de gestión de los pocos recursos humanos y logísticos disponibles. Articular esto con los gobiernos regionales –responsables de los hospitales regionales– es necesario. Para ello pueden servir ejemplos como lo efectuado durante la gestión de Fernando Cillóniz como gobernador de Ica: supervisión y control al detalle logrando enfrentar el ausentismo de personal y poniendo más tiempo de personal médico al servicio de la ciudadanía sin gastar un centavo más. Más allá de estos ejemplos, el gobierno central debe dejar encaminadas normas y prácticas serias de transparencia; en especial mecanismos eficientes de acceso a la información pública de manera que nadie “arrastre los pies” –como aún ocurre– cuando la ciudadanía pide información al Estado. Y queda pendiente la reforma judicial, pero respetando la independencia judicial, asunto crucial en el enfrentamiento a la corrupción, de lo que no da cuenta el diseño –perfectible– de la Junta Nacional de Justicia en cuya implementación –hasta ahora– podría ser crucial el actual Fiscal de la Nación. A propósito del asilo buscado.- Tres cosas. Primero, la “persecución política” no se sostiene; nadie ha expresado tal cosa ante la ONU ni ante la OEA. Segundo, el Convenio de la ONU contra la corrupción obliga a los Estados a cooperar en las investigaciones contra la corrupción. Tercero, el derecho al asilo existe pero solo para perseguidos políticos; cuando se investiga hechos de corrupción la primera obligación de un Estado es cooperar con las investigaciones y no trabarlas.
