El castillo de naipes levantado por Keiko Fujimori y su núcleo íntimo, con el impagable concurso del Apra, se ha derrumbado en unos pocos días.,Las dos semanas más turbulentas de la política peruana desde la caída del régimen de Alberto Fujimori en el año 2000 se han saldado con puros reveses para el fujimorismo y su íntimo aliado, el aprismo de Alan García. Recapitulemos: Fuerza Popular fue la gran perdedora de las elecciones regionales y municipales, sin ganar ni una región y eligiéndose en solo un par de las más de 190 provincias nacionales; ante los proyectos de reforma constitucional que el Congreso evacuó, que desnaturalizaron los originales planteados por el gobierno, el Presidente Vizcarra pidió votar en contra de la bicameralidad, con lo que recuperó iniciativa y dejó en ficha a la oposición; el indulto a Alberto Fujimori fue revocado por el Poder Judicial, donde se concluyó que fue resultado de un enjuague y no respetó los estándares jurídicos mínimos; la ley que prohibía la publicidad estatal, con la que se quiso domesticar a la prensa, fue declarada inconstitucional; el recurso de casación que pretendía extraer a Keiko Fujimori del «caso cocteles» fue denegado, y, por encima de todo, la propia líder de Fuerza Popular fue detenida preventivamente por su participación en el caso Odebrecht. El castillo de naipes levantado por Keiko Fujimori y su núcleo íntimo, con el impagable concurso del Apra, se ha derrumbado en unos pocos días, demostrando qué tan endeble y quebradizo era. Los ímpetus autoritarios de Fuerza Popular, traducidos en leyes que atentaban contra la Constitución o el sentido común, en actitudes presumiblemente decididas –matonescas e inelegantes, en verdad–, y en un cerrado blindaje a todas sus figuras y socios, resultaron derrotados por un principio sencillo, que felizmente no lograron quebrar: la separación de poderes. Gracias a ella sus peores iniciativas han sido revertidas, una por una. El problema es que ni Fuerza Popular ni el Apra parecen dispuestos a resignarse. En lugar de reconocer sus errores de estrategia y talante –que los ha conducido a una situación de descomposición casi terminal– y apostar por una postura renovada, más democrática y humilde, que acepte el diálogo en vez de la prepotencia y la negociación en vez de la pura fuerza, sus primeras actitudes hacen pensar en un endurecimiento. La ley para abrirle las cárceles a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y toda la cúpula presa desde el 2000, es la clase de medidas que han traído a Fuerza Popular y al Apra al lugar en el que se encuentran. La norma ha sido aprobada a la brava, sin hacerla pasar por comisiones, obviando la coyuntura y poniéndose de espaldas a la Constitución y a los tratados internacionales. Lo más probable es que sea observada y, si llega a aprobarse por insistencia, termine por anularla el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o alguna instancia internacional. Será inevitablemente revertida y cuando esto ocurra se sumará a la larga lista de derrotas. Semejante suicidio podría ser fruto del desconcierto o anticipar el peor de los escenarios: acosado por los problemas, el fujimorismo ha decidido disparar todo su armamento, de manera desordenada y con desesperación, con la idea de producir desconcierto y llevar al límite a nuestro sistema democrático, para morir matando. Ante este despliegue de terquedad y falta de inteligencia, solo queda anteponer las elementales armas de la democracia y la prudencia.
