El FMI también criticó la política de la ONP que establece que el mínimo tiempo de cotización para cobrar una pensión es de 20 años.,¿Recuerda usted que, a principios de año, cuando Inkafarma compró MiFarma (controlando así el 70% del mercado privado de medicamentos) hubo gran discusión en los medios de comunicación y, como no, en las redes sociales? La atención era casi unánime. Los informes sobre la concentración oligopólica de los mercados decían que esto era incompatible con la admisión de Perú a la OCDE. Se comenzó a hablar de cómo el Estado podía abaratar las compras de medicamentos (nacionales e importados) con la creación de una ventanilla única que agrupara al Ministerio de Salud, Essalud y el SIS. También salió a la luz que la cobertura de los empleados formales era deficiente y que cada vez más gente compraba su seguro privado en alguna de las EPS existentes. Y ya ni hablar del grueso de la población, que no tiene empleo ni seguro formal y se atiende en los hospitales y postas médicas del Minsa y del SIS, Descubrimos también que como no hay suficiente presupuesto en los hospitales para gasas, anestesia y medicamentos de todo tipo, la gente “gasta de su bolsillo”, que en el Perú es de los más altos de la región, sobre todo, en el primer y segundo quintil de la población (los de menores ingresos). Como la pobreza se mide por la cantidad de ingresos monetarios, este gasto de bolsillo “no se ve”. Pero, de hecho, agrava la pobreza y acentúa la desigualdad (1). Y hoy, ¿qué sucede? Pues nada. Las propuestas de varios congresistas algo se han discutido pero ninguna tiene dictamen de ley, lo que hace sonreír al cuasi-monopolio. Así es el Perú. Un rato de gritería y después viene la calma. Hace menos de dos meses se volvió a discutir sobre las pensiones, a raíz del Informe sobre la situación económica que el FMI hace todos los años (Artículo IV). Dijo que las comisiones que pagan los aportantes y que cobran las AFP son muy altas, lo que puso les puso los pelos de punta. El FMI también criticó la política de la ONP que establece que el mínimo tiempo de cotización para cobrar una pensión es de 20 años. Dicho de otro modo, si el empleado público –a quien le descuentan el 13% de su sueldo– aporta durante 19 años, 11 meses y 29 días es como si nunca hubiera aportado nada. No recibe pensión. ¿Qué clase de gobierno tenemos? Estas críticas deberían haber revivido la necesaria reforma integral del sistema de pensiones, público y privado, apuntando a un sistema de varios pilares, donde todos los ciudadanos, los que contribuyen y los que no, tengan derecho a una pensión, como sucede en Bolivia, Chile y Argentina, para solo mencionar algunos. En el 2003 el Banco Mundial recomendó que eso sea hiciera acá. Incluso el dinero podría salir del IGV. Pero eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque no interesa a quienes han manejado el Estado los últimos 25 años. Lo que sí ha habido es la entrega del 95.5% de las pensiones a quienes cumplen 65 años –lo que se vence, ahorita, el 31 de diciembre de este año– como iniciativa del Congreso. La cercanía de ese plazo ha vuelto a mover los lobbies de las AFP para proponer dizque “soluciones imaginativas” favorables a los aportantes. Amor al chancho y no a los chicharrones. La devolución del 95.5% no perjudica directamente porque siguen cobrando las comisiones altas que denuncia el FMI. Pero sí pierden miles de millones de soles las compañías de seguros (muchas de ellas socias o relacionadas con las AFP a través de la banca privada) porque ya no “administran” ese 95.5% hasta el fallecimiento del jubilado. El presidente Vizcarra anunció el 28 de julio que la ONP se desistirá en muchos casos de litigar contra “sus” ancianos, en muchos casos con pretextos y artilugios legales. Muy bien. Estos litigios, además de costarle millones al Estado, recargan al sistema judicial con miles de casos que demoran años en resolverse, muchas veces contra los jubilados, que ya han fallecido. Así, tal como lo leen. Y lamentamos que el Presidente no planteara la reforma integral del sistema de pensiones. Dos varas y dos medidas. El MEF reduce el déficit fiscal de un día para otro, perjudicando a la inversión pública. Pero a la salud y a la vejez se les “mece” por años. No así a la ley de hidrocarburos a punto de ser aprobada en el Congreso. Insisto con el hecho que no hay compartimentos estancos entre política, economía, instituciones y corrupción. En la encuesta de GfK de La República se aprecia claramente el malestar de la población con los servicios de salud, los programas sociales y el empleo: menos del 10% aprueba el desempeño del gobierno, lo que quiere decir que más del 80% lo desaprueba. ¿Para cuando la próxima crisis social? ¿Quizá más temprano que tarde? 1 CEPAL, Protección Social en Gastos en América Latina, Ana Sojo, Santiago, 2017, www.cepal.org
