No veo por qué “cerrarlo” a un esquema endogámico de instituciones públicas afines poniendo de lado a universidades y colegios profesionales.,Desde que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) voló por los aires por la vorágine desatada por las investigaciones impulsadas por las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, han quedado “congelados” los procesos de designación, remoción y ratificación de jueces y fiscales. Con la ley 30833 dictada hace más de un mes hoy “nada se mueve”. Esto es insostenible y hace que resolver este asunto sea la prioridad que debe acometer el Congreso. Hay mil críticas a cómo funcionó el CNM desde que lo instituyó la Constitución de 1993 y mil ideas sobre cómo reformarlo/reemplazarlo por una entidad que no tenga sus vicios y deficiencias. Cuatro aspectos creo deben ser destacados. El primero: el contexto. El proceso de creación de “consejos judiciales” ha sido intenso en el mundo. En las últimas décadas se ha producido un aumento considerable de consejos estimándose que más del 70% de países tienen hoy alguna clase de organismo de este tipo. En sociedades basadas en la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos los consejos judiciales están llamados a desempeñar un papel fundamental para garantizar la independencia y autonomía del poder judicial. El fundamento subyacente de su creación reside en la necesidad de aislar las decisiones adoptadas por estos órganos de cualquier influencia política externa. El segundo es que el diseño constitucional del CNM peruano destaca, en comparación a muchos otros, en que el poder político –ejecutivo y legislativo– está ausente del mismo. Con lo que –en teoría– podría estar mejor garantizada su independencia frente al poder y su integridad. No ha sido así, pues el CNM sucumbió ante una serie de redes corruptas y acabó en lo que sabemos. Surge de esa experiencia negativa la necesidad de rediseñar el CNM para que pueda existir una entidad seria, profesional e incuestionable en su integridad. Hasta allí una buena mayoría de personas e instituciones están seguramente de acuerdo. El tercero es preguntarnos cuál es el mejor diseño para sustituir el actual y “vacunarlo” de redes corruptas que acogotaron al CNM fenecido. La comisión de reforma judicial que presidió Allan Wagner ha presentado una propuesta interesante. Tengo la mejor opinión de todos los integrantes de dicho grupo de trabajo, pero no estoy seguro de que la mejor respuesta sea retroceder a un diseño más bien “clásico”. Creo, más bien, que se debería apostar por una versión sustancialmente revisada y reformada de presencia de instituciones sociales en el CNM. Se pueden recoger, sí, varias ideas de esa comisión. Por ejemplo, los requisitos profesionales y de trayectoria que deben reunir las personas que integren el nuevo CNM: abogados(as) con 30 años de experiencia, trayectoria intachable en materia democrática y de derechos humanos y haber ejercido con solvencia cargos públicos o privados. Eso sí. Pero no veo por qué “cerrarlo” a un esquema endogámico de instituciones públicas afines poniendo de lado a universidades y colegios profesionales. ¿Se “coló” lo peor en el esquema anterior? Sí, es verdad. Pero eso se resuelve con candados de calidad y mejorando la transparencia. Por ejemplo, que las universidades representadas sólo puedan ser las que tengan facultades de derecho y una trayectoria académica e institucional determinada y que sus representantes deban ser ex rectores o ex decanos de sus facultades de derecho. O que los representantes de colegios profesionales deban reunir condiciones profesionales y de trayectoria análogas. Y que los jueces y fiscales integrantes sean elegidos, en cada caso, por el conjunto de jueces o fiscales titulares, y no sólo por el pequeño grupo de la Junta de Fiscales Supremos o por la Corte Suprema.
