El país se enfrenta ahora a un nuevo movimiento de reforma, en otras condiciones, donde el primer eje de la discusión ya no es el financiamiento o la autonomía de las instituciones, sino la corrupción.,En los últimos 50 años, hubo cuatro movimientos de reforma de la justicia, dos autoritarias e intervencionistas, en los años setenta con Velasco y en los noventa con Fujimori, de duración temporal y desmontadas luego; y dos de orden democrático, los capítulos IX, X y XI del Título IV y el Título V de la Constitución de 1979 (en la parte dogmática reiterada en la Constitución de 1993), y el CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) entre el 2003 y 2004. En otro corte podríamos añadir que los tres primeros fueron de origen externo y el último un esfuerzo mixto de dentro y fuera del sistema. De los cuatro procesos, el único exitoso fue el de dimensión constitucional (1979) que instaló un sistema de justicia que rodeó al Poder Judicial (PJ) de organismos constitucionales autónomos y desarrolló por primera vez un régimen de garantías de la función jurisdiccional, un proceso completado luego por la creación de la Defensoría del Pueblo. El último intento, acaso el más ambicioso y plural, el CERIAJUS, fue desarmado por una alianza entre la Corte Suprema y algunas bancadas parlamentarias. En una apretada síntesis se podría concluir que la justicia es quizás el área más manoseada del último medio siglo y con sonados fracasos, con un pequeño saldo favorable que habría que reconocer: la creación de una vigorosa jurisdicción constitucional (TC, procesos constitucionales y Código Procesal Constitucional) y el desarrollo de una línea jurisprudencial desde el TC y la Corte Suprema. El país se enfrenta ahora a un nuevo movimiento de reforma, en otras condiciones, donde el primer eje de la discusión ya no es el financiamiento o la autonomía de las instituciones, sino la corrupción. El CNM es una pústula sangrante cuya reforma es una condición de cualquier otra acción de mínimo cambio y es probable que su reforma tenga más consensos. No obstante, el escenario reformista es débil. El Congreso se resistió desde el inicio a una discusión de cambios de naturaleza constitucional, y ahora que ha estallado el escándalo, desde un argumento falso, Fuerza Popular se resiste a la reforma aduciendo que favorecería a la izquierda. En tanto, los primeros acuerdos en el Ministerio Público y el Poder Judicial apuntan a que parecen dispuestos a acompañar y participar activamente en el debate de los cambios, aunque no se sabe hasta qué límite y en qué plazos. Debatiremos en caliente. De la corrupción judicial se tenían certezas y ahora se tienen pruebas, y la crisis a la que hemos ingresado violentamente durará varias semanas. El proceso tiene tres elementos que se superpondrán y alimentarán al calor de las apariciones anunciadas: 1) los audios que desnudan corrupción en el sistema de justicia; 2) los audios que descubren la relación entre magistrados y hombre públicos; y 3) la resistencia institucional al cambio, con correlaciones internas que permiten un pasito adelante y otro atrás, la vieja dinámica donde lo que tiene que morir se resiste en agonía y lo que debe nacer se demora, una complejidad dibujada por Luis Pásara en su texto valioso Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo (PUCP 2014). El cuarto elemento está en debate, y se refiere a la capacidad de influencia de la sociedad para respaldar e imponer los cambios y desarmar las poderosas resistencias. Este elemento es el más decisivo, considerando que, desde la caída de Fujimori, nuestra democracia ha sido estéril para las grandes reformas salvo dos, la descentralización iniciada el 2002, y la reforma educativa iniciada el 2007. En este momento, si a la propuesta del Ejecutivo se suma la propuesta del PJ, tendremos por fin una discusión nacional que debe salir de los salones del poder. En ese sentido, sería ideal que la movilización democrática iniciada haga suya con contenidos propios la propuesta de un referéndum que ha dejado el Gobierno en condicional, si el Congreso se negara a los cambios. Como la misma Constitución de 1979 lo demostró, la dinámica entre la participación y las instituciones, produce éxitos y conjura la posibilidad de fracasos.
