Si bien es este un asunto que corresponde resolver a los nicaragüenses, un ataque y erosión grave de la democracia como el que viene sufriendo el país de Sandino concierne a toda la región.,El autoritarismo y la corrupción son condenables, vengan de donde vengan. Sea que se vistan de “derecha” o de “izquierda”. Como lo demuestra el caso de la pareja gobernante Ortega-Murillo en Nicaragua, los estropicios desde el poder no son monopolio de la derecha. El rosario de atropellos de Ortega y su manejo familiar y autoritario del poder público tiene sus expresiones más recientes en el uso sistemático de la violencia contra la población. Cerca de 250 muertos –dentro de ellos 20 niños– desde las protestas iniciadas hace mes y medio; 309 fallecidos por acción gubernamental al día de ayer según la principal organización nicaragüense de derechos humanos. Inexplicable para un país que no está en guerra. ¿A dónde va Nicaragua y cómo saldrá de esta crisis? La historia reciente de América Latina ha dado cuenta de una extraordinaria capacidad de solución a crisis políticas por medios democráticos y constitucionales. Ya no es el “clásico” golpe militar de antaño sino una solución constitucional o negociada. Caso emblemático: el tránsito del autoritarismo de Fujimori a la democracia a través del gobierno de transición (2000-2001). Pero muchas otras crisis se procesaron por medios constitucionales: salida de Lucio Gutiérrez en Ecuador o de Fernando Lugo en Paraguay, por ejemplo. Rota la alianza entre Ortega y el empresariado, con la juventud en las calles y la iglesia católica en vivo protagonismo democratizador, se ha redibujado por completo el cuadro político en el país. La iglesia y la Alianza Cívica insisten en una salida negociada que incluiría un adelanto de las elecciones presidenciales para marzo del 2019, previo cese de la represión y reformulación del Consejo Electoral. Si bien es este un asunto que corresponde resolver a los nicaragüenses, un ataque y erosión grave de la democracia como el que viene sufriendo el país de Sandino concierne a toda la región y tiene competencia en ello de acuerdo a lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana. Todas las bazas internas están ahora puestas en el Diálogo Nacional que impulsa la Conferencia Episcopal y, en lo internacional, por las acciones de la OEA, la misión en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y gestiones de algunos gobiernos como el de los EE.UU. Corresponde seguir eso de cerca y con atención. La evolución de los acontecimientos, sin embargo, no está apuntando hasta el momento hacia el éxito de estas gestiones y, en particular, del Diálogo Nacional. Se pregunta Sergio Ramírez en reciente artículo: “¿continuarán los asesinatos diarios en presencia de los organismos internacionales de derechos humanos?”. Pregunta más que válida. Para que el diálogo sea viable y tenga legitimidad –interna e internacional– y realmente sirva de canal de solución de la crisis, no pueden continuar los asesinatos de ciudadanos y, en particular, de niños. Por ejemplo, el del último bebé, Teyler Lorio, de 14 meses, asesinado el 23 de junio en Managua. Mientras la sangre siga corriendo, la flexibilización de Ortega que buscan la Alianza Cívica y la Conferencia Episcopal no se dará ni se verá la luz al fondo del túnel. Al contrario, podrían estarse cerrando salidas “conversadas” si el gobernante tensa más las cosas y no acepta la generosa oferta de adelanto de elecciones para marzo del próximo año. Quedaría en el gobierno otros ocho meses pero, a la vez, permitiría vertebrar un sistema electoral independiente y transparente. Pero con un gobierno con el hacha en ristre, esto se hace cada vez más imposible. Ante la cerrazón y falta de flexibilidad gubernamental cada vez más personas –como Sergio Ramírez– se preguntan si al cerrarse el camino de una transición democrática conversada, no quedaría como única opción de “transición” la renuncia inmediata de Ortega.
