La presencia de una reconstrucción enérgica tendrá cierta importancia política, léase electoral, en las regiones devastadas.,La reconstrucción de los daños del Niño costero 2015-2016 ha quedado totalmente en manos del Ejecutivo. Hasta aquí lo hemos visto ejerciendo una autoridad parcial, limitada por normas y disputada por poderes locales en las zonas afectadas. Se supone que la mayoría del Congreso colocará su peso político detrás de las facultades que acaba de conceder. La arranchadera de los recursos para la reconstrucción ha sido fuerte. El prestigioso ejecutivo Pablo de la Flor entendio temprano que de esa olla de grillos no podía salir mucho, y renunció. Las historias de un modelo de negocios reconstructores turbio, y obviamente ineficaz, en el norte nunca han dejado de circular. Pero no podemos confundir las facultades obtenidas con un poder absoluto. Las autoridades locales son indispensables para el avance de una rconstrucción, y su palabra es utilísima. No es necesaria, en cambio, la red de amarres que saltó al cuello de las obras desde la fase de las licitaciones y concursos de precios. Es probable que este haya sido el acto de confluencia Legislativo-Ejecutivo más importante desde que llegó Martin Vizcarra. Pero al mismo tiempo es un encargo con fecha límite, que exige resultados medibles. Una tarea difícil, como suele serlo todo intento de recuperación de tiempo administrativo perdido. La presencia de una reconstrucción enérgica tendrá cierta importancia política, léase electoral, en las regiones devastadas. El equipo de gobierno no tiene a quién endosarle votos, ni real capacidad de hacerlo. Con lo cual el beneficio será para las posiciones percibidas como más cercanas al oficialismo. Sería una maldad interpretar lo anterior como que una gestión eficaz del Ejecutivo en el norte lo puede convertir en agente de la mayoría opositora. En verdad lo volverá agente de su propio prestigio como gestor. Pero la política de la confluencia es una nueva realidad que debe empezar a ser tomada en cuenta. Por su parte los intereses políticos regionales no tienen por qué sentirse perjudicados por el espectáculo de un nuevo tipo de entendimiento en las alturas. Pero sí harían bien en llevarle la cuenta a esta nueva etapa del Ejecutivo. Fiscalizar sin entorpecer podría ser una lección para todo el país, incluso el no damnificado.
