La importancia del estado de derecho para la democracia.,Habiendo escrito innumerables columnas, cada vez que una persona condenada por terrorismo sale libre por cumplir la sentencia, sobre la importancia del cumplimiento del estado de derecho como expresión de vigencia de la democracia, pensé que no tenía sentido volver a hacerlo a propósito de la salida de la cárcel del dirigente de Sendero Luminoso Osmán Morote, pero un comentario del presidente Martín Vizcarra requiere reiterarlo. Esta semana se reactivó el mismo tipo de crítica que ocurre en estas ocasiones a propósito de la excarcelación de Morote y Margot Liendo. La irritación que estos hechos producen en la gente es, sin duda, comprensible, porque Sendero cometió crímenes atroces, instalando la muerte y el atraso en el Perú. Por ese motivo, los integrantes de Sendero Luminoso que fueron capturados fueron sometidos a procesos judiciales que culminaron en condenas de acuerdo con el marco legal vigente, y eso incluyó penas carcelarias de 25 años. Es un plazo que se está cumpliendo en muchos de los casos de los terroristas que fueron condenados. Cuando eso ocurre, por más horroroso que haya sido el crimen que alguien ha cometido, lo que corresponde es que la persona deje la cárcel. Las sentencias ni siquiera establecen que un condenado deba arrepentirse o pedir perdón para que se cumpla la excarcelación. La liberación al término de su condena es crucial en cualquier persona por ser un derecho fundamental, pero acaso sea mucho más importante en el caso de un terrorista cuyo objetivo final era destruir el estado derecho. Eso no impide, por supuesto, la vigilancia y el seguimiento que corresponde por parte del estado, en el marco de la ley, a una persona potencialmente sospechosa, como es alguien que ha sido dirigente terrorista. La diferencia más importante entre un terrorista y quien no lo es radica en el respeto impecable a la ley. Es legítimo que la mayoría de peruanos tenga indignación por la salida de la cárcel de un terrorista al final de su condena. Es comprensible. Pero no lo es que las autoridades más importantes del país, como el presidente Vizcarra o el ministro de Justicia Salvador Heresi, cuya misión es, precisamente, garantizar la vigencia del estado de derecho y el cumplimiento de la ley, se sumen al coro de los sectores políticos que quieren aprovechar cada circunstancia para ‘terruquear’, es decir, para acusar sin fundamento de ser cómplices del terrorismo a quienes defienden la ley.
