Un Estado civilizado es aquel que evita el recurso a la violencia y que demuestra fiel y oportuno cumplimiento de los tratados de los que es parte.,Puede parecer esotérico hablar de temas internacionales, en estos días en que la cúspide del país ha vuelto a ser motivo de justificadas indignación y vergüenza. Lo que ocurre es que algunos temas de política exterior se encuentran entre los que mejor han demostrado la calidad y eficiencia del Perú cuando actúa de modo limpio, transparente y unido. Y esto es parte de lo que hay que cultivar de cara a un futuro en el que siempre habrá espacio para las incertidumbres. Desde la Paz de Westfalia, en 1648, la comunidad internacional, en ese entonces todavía restringida a Europa, y ni siquiera a toda Europa, ha reivindicado dos principios que hoy son absolutamente universales: (1) el de solución pacífica de controversias; y (2) el de respeto a los tratados, el famoso pacta sunt servanda. Un Estado civilizado es aquel que evita el recurso a la violencia y que demuestra fiel y oportuno cumplimiento de los tratados de los que es parte. En el largo recorrido hacia la solución pacífica de las controversias, ha cumplido y cumple un papel principal la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, órgano judicial principal de las Naciones Unidas y, sin duda, el más importante tribunal del mundo. Cada día son más los Estados del orbe que recurren a la Corte para solucionar sus diferencias de naturaleza jurídica. Hace muy pocos años, lo hicimos, de manera ejemplar, Chile y el Perú. En América Latina, el Pacto de Bogotá, de 1948, constituye el sustento para el sometimiento de diferentes casos a la jurisdicción de la Corte. Ello es un signo de concordia y respeto, términos que son la antinomia de la enemistad. La Corte ha sido utilísima para, por ejemplo, contribuir a solucionar situaciones ambiguas, y hasta contradictorias, heredadas por las nuevas repúblicas de una delimitación colonial que no fue, ni podía ser, unívoca. En estos días, en que se desarrolla la fase oral del proceso estrictamente bilateral entre Bolivia y Chile, sobre la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, es oportuno recordar, una vez más, el proceso que seguimos ante tan alto tribunal el Perú y Chile, que condujo al fallo del 27 de enero del 2014, con el cual se estableció el límite marítimo entre ambos países conforme al derecho internacional. En efecto, la Corte se ciñó estrictamente al derecho internacional y, dentro del marco de éste, puso todo su empeño para producir una sentencia que, aunque no satisfizo por entero a ninguna de las partes, tampoco fue un quid pro quo salomónico, ajeno al derecho. Se equivocaron quienes creyeron que la Corte de La Haya actuaba fuera del derecho, respondiendo simplemente a las presiones políticas exteriores. Y acertamos al respetar escrupulosamente la naturaleza jurídica de la institución y evitar los cabildeos, las presiones, las amenazas y las bravuconadas. Permítaseme agregar un testimonio personal: durante la etapa oral de nuestro proceso con Chile ante la Corte, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera y su canciller Alfredo Moreno, compartieron estos criterios con nosotros, los peruanos. Salvo un dislate del Presidente chileno, el día mismo del fallo, al aludir a una supuesta discrepancia en cuanto a la frontera terrestre (que no había sido materia de la sentencia), Chile se comportó con el mismo respeto que el Perú. Ambos países la acatamos y la ejecutamos en un tiempo record. Así pues, hay motivos para pensar que la región seguirá marchando por esta senda de paz que se basa en el acatamiento de las sentencias de los órganos jurisdiccionales que los Estados libremente han elegido. Y que, pase lo que pase, el Perú mantendrá su unidad en materia de política exterior independientes y soberana.
