Duberlí Rodríguez se refirió a la bolsa de US$ 2 millones que reunieron empresas de la Confiep para frenar el triunfo de Humala y beneficiar a Keiko Fujimori.,El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, también se pronunció sobre la bolsa de US$ 2 millones que hizo la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) en 2011 para impulsar una campaña en contra del entonces candidato presidencial Ollanta Humala. Desde Arequipa, el titular de la Corte Suprema señaló que este tipo de actividades no deben ser parte de un gremio empresarial, aunque refirió que la Confiep no habría cometido algún acto de corrupción con su campaña antinacionalismo, en plena segunda vuelta de 2011. PUEDES VER Duberlí Rodríguez defiende colaboración eficaz como principal herramienta contra crimen organizado "No sería un acto de corrupción propiamente dicho, pero no creo que sea una actividad propia de un gremio empresarial apoyar a uno u otro candidato. Lo pueden hacer de forma individual, pero no como institución, como gremio", expresó durante su participación en la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa. En ese sentido, Rodríguez Tinedo instó a los empresarios a formar parte de las comisiones anticorrupción del país. Como se recuerda, el propio titular del gremio empresarial, Roque Benavides, hizo esta revelación tras el testimonio de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, respecto a que la constructora brasileña aportó US$ 200 000 a la campaña de Keiko Fujimori a través de la Confiep. Frente a esta aseveración de Barata, Benavides tuvo que salir a los medios a asegurar que ese dinero se invirtió en una campaña contra la candidatura nacionalista, porque entonces representaba una amenaza para la economía de mercado y la empresa privada. Sobre allanamientos En relación al allanamiento a la casa de Jaime Yoshiyama, Rodríguez precisó que el Poder Judicial no actúa de oficio y se limitó a resolver los pedidos de las partes que actúan en un procedimiento. En este caso, refirió que fue el Ministerio Público quien pidió al juez de investigación preparatoria el allanamiento del domicilio, el decomiso de algunos documentos y algunas medidas limitativas respecto a la libertad personal. “No es el Poder Judicial el que escoge a quien se investiga y limita derechos. Yo solo respondo por lo que hace el Poder Judicial y no el Ministerio Público”, enfatizó. Comentó que el PJ tramita solicitudes de allanamiento de domicilio cuando la pena del delito que se investiga supera los cuatro años como mínimo.
